La política en Cataluña es una montaña rusa. Los días pares, la República independiente es inminente. Los impares, algún dirigente nacionalista se descuelga con la constatación de que el proceso separatista es un dislate mayúsculo que no va a ninguna a parte. Ya va para seis años que Artur Mas y los Pujol se subieron al carro entonces minoritario de ERC y la CUP, que llevaban desde el 13 de septiembre de 2009 celebrando referéndums municipales por la secesión. El primero fue en Arenys de Munt y el entonces eurodiputado Oriol Junqueras era uno de los impulsores de la comisión organizadora. Cabe recordar que la jefa de la Abogacía del Estado en Cataluña que ordenó recurrir la consulta pionera, Pilar Fernández Bozal, acabó un año después como consejera de Justicia del primer Gobierno de Artur Mas.
De entonces acá, el separatismo se ha institucionalizado, al punto de haber celebrado ya un referéndum independentista (que fue un fracaso de organización y participación) y de preparar una reedición del fiasco para la segunda quincena del próximo septiembre. La inactividad del Gobierno, la complicidad de algunos altos cargos del Estado (Fernández Bozal, el exfiscal Martín Rodríguez Sol, partidario del "derecho a decidir"; el exjuez Santiago Vidal, ahora senador de ERC; el exinspector de Hacienda Joan Iglesias, fundador de la Hacienda catalana, etcétera), el incumplimiento sistemático de los fallos de los Tribunales (Superior de Justicia de Cataluña, Supremo y Constitucional) y la presión política a los jueces han degenerado en el principal problema político de España.
La acción del Gobierno en todo este expediente ha sido hasta el momento residual. La ignorancia acrecentó el separatismo y la denominada operación Diálogo no parece haber aplacado las ansias separatistas. Sin embargo, la primera semana de 2017, el año que puede arruinar Puigdemont según Politico, está resultando letal para el procesismo. A la inclusión del presidente de la Generalidad entre los villanos de medio pelo en la citada publicación estadounidense se añade un demoledor artículo en The Economist sobre el populismo catalanista y el obsceno caso de los farolillos de la estelada para los Reyes Magos.
Si a la suma se añade la coincidencia demoscópica en pronosticar un derrumbe radical de la vieja Convergencia, ahora con las siglas PDEcat, pintan bastos para el sedicente separatismo. La prueba más obvia es el anuncio de Puigdemont de que renuncia a presentarse a las próximas elecciones autonómicas. Sostiene que aceptó el "encargo" de llevar a Cataluña a la preindependencia, el Referéndum II, pero que su misión acaba ahí. Puigdemont, a diferencia de Mas, su padrino político, es consciente del deterioro de su partido, de los obstáculos jurídicos del proyecto separatista, del desprecio internacional y puede que hasta de la ausencia absoluta de crédito democrático del procés. Sea como fuere, este jueves ha anunciado que en lo del viaje a Ítaca pueden contar con él hasta septiembre y que a partir de ahí se tira de la moto. Siente en el cogote el aliento de Oriol Junqueras y advierte el veneno de la herencia. Dice que habrá referéndum sobre la base de que no será el primero y de que será "efectivo" si hay una mayoría del 50 por ciento más un voto. Lo de la participación ni se lo plantea. En 2018 ya no será presidente, declara ufano. Lo de convertir 2017 en una ruina, sin embargo, está claro. Y el que venga detrás ya se apañará.