Es sabido que la corrupción en Cataluña siempre ha ido acompañada de una dosis no menor de desvergonzado victimismo. Sin embargo, el grado de desfachatez alcanzado por Oleguer Pujol para tratar de desacreditar las graves y numerosas acusaciones que pesan sobre su familia se llevan la palma. Y es que el hijo menor del expresidente regional catalán, no contento con relacionar las acusaciones por corrupción con el proceso secesionista que se está perpetrando en Cataluña, ha comparado a su padre nada menos que con el Dalai Lama y asegurado que se le quiere "desterrar", "destrozar" y "encarnizar", tal y como hizo el régimen comunista chino con el líder espiritual del budismo tibetano.
Comparar el ordenamiento jurídico español con el régimen comunista chino, que ocupó el Tibet y perpetró uno de los genocidios más brutales en términos relativos del siglo XX, ya es absolutamente execrable. Pero equiparar a Jordi Pujol, que, por los cargos que pesan contra él, bien podría asemejarse a un capo de la mafia, con el venerable Tenzin Gyatso resultaría, sencillamente, cómico si no fuera por el enorme latrocinio a los contribuyentes del que se acusa al menos honorable que nunca expresidente de la Generalidad.
Si algo se le puede reprochar a la Administración de Justicia española es el tiempo que ha tardado en procesar a la familia Pujol, cuya implicación en la corrupción que ha padecido Cataluña durante décadas era un secreto a voces. Eso, por no hablar de las veces que se hizo la vista gorda, ya en tiempos de Pujol, ante los delitos de desobediencia perpetrados por la Administración catalana ante las reiteradas sentencias judiciales que han declarado inconstitucional la política de inmersión lingüística que proscribía y sigue proscribiendo al castellano como lengua vehicular de la enseñanza.
Lo peor es que esa omertá o ley del silencio en torno a la corrupción institucionalizada en Cataluña se sigue dando en buena medida hoy en día, como bien denuncia el abogado Abraham Castro, defensor de Fèlix Millet, ex presidente del Palau de la Música Catalana y pieza clave en la financiación ilegal de CDC durante al menos una década. Castro ha acusado a los actuales gestores de la entidad de encubrir al partido y el cobro de comisiones, razón por la que, según él, la representación legal del consorcio que rige ahora los destinos del Palau (en el que están representadas las Administraciones Públicas) evita reclamar a Convergencia los más de seis millones que como mínimo se habría llevado a través de la institución, la "cañería" por la que, según el fiscal Emilio Sánchez Ulled, fluía el dinero de Ferrovial a CDC. Frente a la estrategia de los actuales responsables del Palau, la Fiscalía, el abogado del Estado y el de la asociación de vecinos reclaman a Convergencia el retorno de las mordidas.
Está visto, en cualquier caso, que pedir honradez intelectual a estos nacionalistas que tapan la corrupción con la bandera de Cataluña es tanto como pedir peras al olmo o como pedir a un capo de la mafia que se comporte como un monje tibetano.