Lo más relevante de la comparecencia del ministro de Hacienda en el Congreso por el caso Pujol no ha sido tanto su afirmación de que el expresidente autonómico catalán no ha regularizado con Hacienda sus "más de 30 años de clandestinidad fiscal" como que Montoro haya revelado que ya en su primera etapa en el Ministerio de Hacienda, en el año 2000, tenían conocimiento de la inexplicable fortuna de la familia Pujol. ¿Cómo es posible que durante estos 14 años Montoro no haya reclamado una inspección contra el exdirigente catalán, sino sólo "abrir unos expedientes"... no a Pujol sino a sus hijos, por su "participación en varias sociedades"?
Bien está que el ministro se pregunte retóricamente y en referencia a Pujol "de qué vale admitir el fraude cometido si no se ha corregido el rumbo"; pero ¿de qué le ha valido a Montoro tener conocimiento desde el año 2000 de una fortuna de la que hasta ahora no ha querido saber ni decir nada?
Por mucho que haya anunciado ahora que el Ministerio de Hacienda se va a personar en la causa contra Jordi Pujol, y que prometa que su departamento seguirá adelante con su investigación hasta el final, y que "perseguirá este fraude, ya sea en la vía administrativa o judicial", la comparecencia de Montoro no ha hecho más que reforzar la convicción de quienes consideran que el enorme tinglado de corrupción en Cataluña no hubiera sido jamás posible sin la condescendencia de los distintos Gobiernos centrales.
Bien como moneda de cambio para aprobar presupuestos cuando no se tenía mayoría absoluta, bien como forma de presión para evitar un proceso separatista que no se tiene el coraje de combatir –legal, política y financieramente–, los Gobiernos nacionales nunca se han atrevido a denunciar, ni política ni judicialmente, la corrupción institucional imperante en Cataluña.
Por muchísimas menos dudas sobre su patrimonio, miles de españoles han sufrido inspecciones de infarto por parte de Hacienda, y no pocos de ellos han visto aireadas sus supuestas irregularidades en los medios de comunicación. Sin embargo, los Gobiernos del PP y del PSOE han actuado como si las leyes que castigan el delito fiscal no afectaran a los gobernantes nacionalistas, a quienes tampoco parecen afectar las leyes que castigan los delitos de desobediencia, usurpación de atribuciones y prevaricación. Así lo evidencia la impunidad con la que están perpetrando su ilegal desafío secesionista y su carísimo proceso de construcción nacional, indirectamente financiado por el ministro Montoro a través del Fondo de Liquidez Autonómica.
Mucho se criticó –y con razón– a Pascual Maragall por no atreverse a mantener su acusación de cobro de comisiones a CiU. Pero la cobardía de los Gobiernos de España a la hora de denunciar una corrupción, que va mucho más allá del 3 por cierto y que no se limita a la familia Pujol es todavía mayor.