Nos encontramos en una etapa de la coyuntura económica donde el PSOE y los sindicatos –la izquierda, los supuestos defensores de los trabajadores– parecen resignados a que el paro en España degenere lo suficiente como para alcanzar los cinco millones de desempleados.

Unos y otros se encogen de hombros ante el trágico destino que prevén para la economía española. Están paralizados y desconcertados por una situación que ni comprenden ni saben atajar: en la supuesta crisis del capitalismo, del ultraliberalismo y del libre mercado son las recetas izquierdistas –las que deberían constituir la alternativa al "pensamiento único"– las que se estrellan una y otra vez contra la realidad.

"¿Qué habremos hecho mal si hemos incrementado como pocos países el gasto público y nos hemos negado a trasladar a los trabajadores el coste de la crisis?", parecen preguntarse. Por supuesto ni escucharon a quienes en su momento les decían que la crisis nada tenía que ver con el liberalismo, sino más bien con el intervencionismo financiero más contumaz, ni escuchan a quienes ahora les dicen que la respuesta a una crisis causada por el Estado no puede provenir de un Estado más grande.

El problema es que sindicatos y Gobierno no se limitan a no escuchar. Por desgracia, nuestro sistema normativo les atribuye amplios poderes de decisión sobre las vidas de los españoles; si ellos no mueven ficha, nadie puede moverla aun cuando lo considere imprescindible. Algo así como el perro del hortelano aplicado a la economía: ni come ni deja comer.

Ayer el secretario general de CCOO se despachó a gusto en la SER pronosticando que, muy probablemente, el número de parados vaya a alcanzar los cinco millones en los próximo meses. ¿Y cuál va a ser la respuesta de Fernández Toxo ante este inminente drama? Nada, seguir de brazos cruzados mientras la sangría laboral prosigue. Es más, no sólo carece de idea alguna para revertir la situación, sino que su idea es precisamente la de impedir que se haga algo. Quienes lanzan propuestas alternativas, basadas en mayor o menor medida en el sentido común, son descalificados rápidamente por el sindicato, como le ocurrió a Cristóbal Montoro con su idea de reducir las cotizaciones sociales de los empresarios.

De hecho, el secretario general de CCOO recuerda en tono amenazante cuáles son las dos condiciones que el Ejecutivo debe cumplir para tener garantizada la "paz social": "políticas públicas y preservar los derechos de los trabajadores". Dicho de otra manera, si el PSOE no quiere enfrentarse a una huelga general deberá mantener la misma rigidez del mercado laboral que nos encamina a los cinco millones de parados y extender subsidios de desempleo suficientes para todos ellos. Una delirante receta para volver aún más pobres a los pocos que todavía generan algo de riqueza en España.

Claro que con Zapatero se juntan el hambre con las ganas de comer. Por si no tuviera bastante con su sectaria ideología, gracias a los sindicatos puede hacer pasar su dogmatismo socialista por un clamor de los "agentes sociales". Y así, entre unos y otros, la imprescindible reforma laboral lleva dos años sin aprobarse, lo que en breve va a acarrear unas pérdidas totales de unos tres millones de puestos de trabajo así como un agujero en las arcas públicas de varios miles de millones de euros. ¿Quiénes se harán cargo de este coste económico y social tan desproporcionado? Pues desafortunadamente no serán sus responsables directos –Gobierno y sindicatos– sino el conjunto de los españoles. De ahí que a la izquierda no le importe sacrificar la economía con tal de salvar su ideología.