Tal y como recordó ETA en su último comunicado, se trataba de que el Gobierno del 14-M cumpliera sus "compromisos", forzara un "alto el fuego" por parte del Estado de Derecho y "garantizara que ninguna legislación, ordenamiento jurídico ni Constitución fuera obstáculo" en lo que, no sólo la organización terrorista, sino también sus gubernamentales compañeros de viaje, denominan "proceso de paz".
Uno de esos obstáculos lo constituían, evidentemente, la Ley de Partidos y la subsiguiente suspensión judicial de las actividades de Batasuna. El Gobierno del 14-M ya había neutralizado considerablemente este ordenamiento jurídico antes del "alto el fuego" de los terroristas a través de su dependiente Fiscalía, que no puso pega alguna ni a los suplentes del PCTV, ni a la incesante actividad de ese equipo titular que dirige el delincuente Arnaldo Otegi. Ahora que ETA amenazaba al Gobierno con romper el pacto "y volver a la lucha", era necesario más que nunca que, no sólo la Fiscalía, sino también los jueces, se sometieran a la lógica y a la despótica paz de ETA. Si un juez independiente como Grande Marlaska permaneció más fiel al imperio de la ley que a los tejemanejes del Gobierno y la organización terrorista, el ex candidato socialista y reintegrado juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ha demostrado ser tan condescendiente a las directrices del Gobierno como lo ha sido siempre Conde Pumpido. De hecho, Garzón ha seguido dócilmente la pueril y falaz argumentación de la Fiscalía para no prohibir la reunión de hoy entre el PSE y los representantes políticos de ETA, que no es otra que la utilizada por el propio Gobierno de ZP para maquillar su visto bueno: a saber, que el encuentro no tiene por objetivo más que "aproximar" a Batasuna "a la renuncia de la violencia y a la aceptación de las reglas democráticas del Estado de Derecho".
Así, mentando la soga en casa del ahorcado y haciéndola pasar por una sesión de "catequesis" democrática, Garzón y la Fiscalía pretenden ignorar –y que ignoremos– la Ley de Partidos y el objetivo de esa ilegal reunión política con los representantes del terror, que no es otro que el de la negociación para acabar con el actual Estatuto de Guernica. De hecho, es público y notorio que la reunión de hoy con los proetarras no hace más que inaugurar la ronda de contactos políticos que, con ese objetivo, el PSE va a mantener con el resto de las formaciones legales que en su día formaron con ETA el llamado Pacto de Estella.
El colmo de la desfachatez, tanto del juez como de la Fiscalía, se produce, sin embargo, con su solicitud a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de que les informen, a posteriori, del encuentro. Vamos, como si en la reunión de marras fuera a estar presente algún agente policial; como si, a priori, Batasuna no hubiera dejado bien claro que lo que piensa transmitir es el precio político de ETA. ¿De qué quiere Garzón que le informe la ausente Policía a toro pasado? ¿De que Batasuna, en la víspera del encuentro público con los socialistas, ha advertido que "sueñan despiertos" quienes creen posible un proceso de paz sin contar con Navarra? ¿Cree Garzón que esa es la actitud correcta de quienes, según él, acuden hoy solícitos a recibir clases de democracia, de Estado de Derecho y de condena de la violencia?
Los socialistas no es que "sueñen despiertos", es que pretenden que el anestésico de la paz nos mantenga tan dormidos como lo debe estar el Estado de Derecho en este infame proceso de claudicación y alianza temporal con el terror. Reincorporado Garzón, la Fiscalía ya no es la única que ronca.