El último debate sobre el estado de la Nación de la legislatura termina este jueves con la votación de las propuestas de resolución. El Grupo Popular ya ha adelantado el contenido de sus dos medidas más importantes: que el Congreso revoque una resolución anterior con la que se autorizó al Gobierno a negociar con ETA, y que se exija al Ejecutivo la puesta a disposición de la Cámara de las actas de las reuniones secretas con la banda terrorista.
No hay nada de extraño en las pretensiones del PP ni nadie puede aducir escándalo por ellas, después de que el líder de la oposición pusiera las cartas boca arriba en su brillante intervención del pasado martes. Sin la certeza de lo que han hablado los enviados de Rodríguez Zapatero y los asesinos, no hay agenda política que valga y el presidente debe convocar elecciones, vino a decir Mariano Rajoy. Es del todo consecuente que el PP quiera poner ahora negro sobre blanco un dictamen que comparten millones de españoles y que está fundamentado en una miríada de evidencias de que Zapatero ha mentido con desvergüenza a la Nación sobre sus tratos con los terroristas. Ni éstos se iniciaron cuando él dijo, sino mucho antes, ni se limitaron a lo que prometió al Parlamento, sino que fueron mucho más allá hasta ofrecer un auténtico calendario de concesiones que, aun hoy con la firma del pacto de independentistas y socialistas en Navarra, se siguen pagando.
Un presidente sin credibilidad debe aceptar la prueba que le propone Rajoy si desea restaurar el valor de su palabra ante la población. Es algo que hemos defendido en este diario bastante antes de que Rajoy lo convirtiese en el acertado eje de su discurso del martes: sólo hay una forma de desenmascarar a los mentirosos de la negociación con ETA, y es conocer las actas de las reuniones. Éstas se han celebrado en secreto, pero no sin dejar huellas documentales, que posee el centro suizo Henry Dunant para el Diálogo Humanitario al que se ha recurrido para mediar, como si en España existiese un conflicto entre dos partes iguales y no lo que en realidad padecemos: un problema de derechos humanos y opresión cuyas únicas víctimas son las víctimas del terrorismo etarra.
Pero, en fin, una vez consumada la intromisión bajo la responsabilidad del Gobierno, hay que exigir que se ponga al servicio del derecho de los españoles a conocer la verdad. Hay testigos, hay actas que deben haber recogido fielmente lo que hablaron José Ternera y Eguiguren, entre otros. Pues bien: luz y taquígrafos; que se conozca definitivamente si ETA miente por medio de sus escandalosas filtraciones a Gara ("ETA mata, pero no miente", dijo en su día Alfredo Pérez Rubalcaba, que ahora debe estar arrepintiéndose), si lo hace Josu Jon Imaz cuando dice que la entrega de Navarra estuvo en la agenda política de la negociación y que el PNV asistió a algunas de las reuniones o si miente el presidente del Gobierno cuando asegura que nunca ha hablado con ETA antes de que le autorizara el Congreso y nunca, en todo caso, lo ha hecho de política.
El Congreso tiene una magnífica oportunidad de resarcir a los españoles de tres años de oscuridad que han permitido a ETA, entre otras cosas, volver a las instituciones para seguir financiando sus crímenes y ganar un eslabón muy valioso para la anexión de Navarra, con el Gobierno que PSOE y los independentistas están a punto de sellar en la Comunidad Foral. Para empezar, sus señorías se lo deben, en conciencia, a Diego Estacio y Carlos Alonso Palate.
