Incapaz de demostrar nada con pruebas espurias y, además, obtenidas ilegalmente, el PSOE ha buscado por todos los medios la ocasión de que alguno de los comparecientes cometiera algún error o cayera en alguna contradicción en sus declaraciones, no ya para revitalizar la marchita tesis de la “trama” –a estas alturas ya completamente desacreditada– sino para poder cobrar alguna pieza política que desviara la atención del público del fracaso y el ridículo de Modesto Nolla en la Comisión. Esa ocasión tuvo lugar el miércoles, en la comparecencia de Ricardo Romero de Tejada. El secretario general del PP madrileño ocultó su relación laboral con una empresa de fotocopias que, por otra parte, nada tiene que ver con la “trama” ni con el objeto de la Comisión. El portavoz del PSOE, y sus medios de comunicación afines, han aprovechado para poner en duda el resto de los testimonios de Romero de Tejada –en el esquema del PSOE, él es el “instigador” de la deserción de Tamayo y Sáez– y pedir su dimisión.
No cabe duda de que Romero de Tejada tendrá que explicar convincentemente su incomprensible “fallo” de memoria, que ha perjudicado a su partido y ha dado oxígeno al PSOE cuando éste estaba contra las cuerdas; aunque, evidentemente, el PSOE también tendrá que explicar con mayor convicción aún cuál es la relación de esa copistería con la famosa “trama”. Pues, de lo contrario, no se justifica esa intromisión en la intimidad de Romero de Tejada, quien perfectamente podía haberse negado a responder acerca de su relación con los propietarios de esa empresa. Las causas generales están prohibidas por la ley. Del mismo modo, también es ilegal someter a investigación, sin que existan indicios racionales de delito y sin que lo ordene un juez, todas las actividades de un ciudadano, con la esperanza de encontrar alguna conducta irregular de la que poder acusarle. Y, ni qué decir tiene, las pruebas obtenidas por medios ilícitos, especialmente si se viola algún derecho fundamental recogido en la Constitución, carecen de valor probatorio ante un tribunal.
Precisamente por tratarse de uno de los órganos del Poder Legislativo, una comisión de investigación debería respetar aún más escrupulosamente si cabe las leyes procesales. Especialmente en lo que atañe a los derechos fundamentales de los llamados a comparecer ante ella; precisamente porque los comparecientes no se hallan bajo la tutela de un juez ni es obligatoria la asistencia de letrado, y porque un falso testimonio –voluntario o involuntario– puede acarrear responsabilidades penales al compareciente. Pero, sobre todo, porque están en riesgo derechos fundamentales de los comparecientes, como el de la intimidad y el honor.
El PSOE obtuvo información sobre las llamadas telefónicas de Eduardo Tamayo, de José Esteban Verdes y de Ricardo Romero de Tejada de forma claramente ilegal, sin el consentimiento de los afectados, violando el derecho constitucional al secreto de las comunicaciones. Tan sólo por este último extremo, PSOE e IU tendrían que haberse abstenido de emplear como pruebas y como base de los interrogatorios esos listados de llamadas; por más que, después de todo, objetivamente no prueban nada, como ya estableció el TSJ de Madrid. Y, del mismo modo, también tendrían que haberse abstenido de interrogar a los comparecientes sobre empresas, negocios y actividades profesionales que no guarden una relación estrecha y directa con el objeto de la Comisión, esto es, averiguar las verdaderas causas de la deserción de Tamayo y Sáez. Máxime cuando las comparecencias de los, según PSOE e IU, “implicados en la trama” han sido retransmitidas íntegramente y en directo, batiendo récord de audiencia; mientras que las de aquellos que podrían contribuir a disipar el espejismo de la “trama”, como la del responsable de Telefónica o la de Enrique Benedicto Mamblona, esposo de Ruth Porta –quien, en su comparecencia, remitió todas las cuestiones espinosas a la comparecencia de su marido–, han sido sospechosamente silenciadas por los responsables de informativos de Telemadrid, quienes ocupan sus puestos desde los tiempos de Leguina.
Gracias a la dudosa imparcialidad informativa de Telemadrid, el desliz de Romero de Tejada ha quedado magnificado, en detrimento de comparecencias mucho más relevantes para el objeto de la Comisión y para los ciudadanos, que no han sido retransmitidas en directo: en primer lugar, el espionaje, al estilo del Watergate, al que, según se deduce de la comparecencia del responsable de Telefónica, el PSOE ha podido someter al PP a través de dos empleados de la compañía que utilizaron sus claves para obtener ilegalmente los listados de llamadas. Y en segundo lugar, los múltiples “fallos” de memoria de Mamblona –muchísimo más graves que los de Romero de Tejada–, quien, como su mujer, elude responder a las preguntas del portavoz popular acerca de sus conexiones inmobiliarias y de las “casualidades” de Villalba, Humanes y San Sebastián de los Reyes, escudándose en la falta de documentos e insistiendo hasta la desfachatez en su inverosímil pobreza: medio piso, un vehículo y 800.000 ptas. en acciones... todo ello después de una vida de ejercicio profesional.
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