Por mucho que Rajoy se ciñera durante su discurso de investidura a la dramática situación económica, España sufre, además, una grave crisis política e institucional, fundamentalmente provocada por el empeño nacionalista y socialista en violar el consenso constitucional. Esta crisis, que afecta a España como nación y como Estado de Derecho, permitió a CiU, por ejemplo, pactar la abstención socialista en la investidura de Artur Mas como presidente de la Generalidad sobre la base de hacer caso omiso a la sentencia que poco antes había emitido el Tribunal Supremo y que ordenaba que el castellano fuese, junto al catalán, lengua vehicular en la enseñanza en aquella región.
Bien es cierto que, aunque fuera tarde y mal, el Gobierno de Zapatero presentó un recurso de inconstitucionalidad ante otra pretensión nacionalista no menos opuesta a la Carta Magna: la de conceder a la Generalidad competencias en lo relacionado con la celebración de referendos, asunto que nuestra Ley Fundamental –articulo 149.1.32– reserva de manera exclusiva al Estado.
Sin embargo, el Gobierno autonómico de Cataluña sigue empeñado en realizar esas consultas, para lo que acaba de presentar un anteproyecto de ley en el que son calificadas arteramente de "no refrendarias", aunque lo sean de hecho. Y es que, por mucho que el texto diga que esas consultas no lo son y que el "cuerpo de consulta" no es el censo electoral, sino la población empadronada en Cataluña, es evidente que lo que CiU y ERC pretenden llevar a cabo no son meras encuestas o foros de participación en el ámbito de las competencias que corresponden al Gobierno autonómico, tal y como refleja el artículo 122 del estatuto catalán, sino la puesta en marcha de auténticos plebiscitos sobre cuestiones que afectan al conjunto del Estado, como el régimen fiscal o el mal llamado derecho de autodeterminación.
Ante estas consultas que pretenden burlar los imperativos constitucionales y socavar la soberanía nacional, que reside en el conjunto del pueblo español, el Gobierno de la nación no debe mirar hacia otro lado, con la excusa de que no son jurídicamente vinculantes. Tampoco es jurídicamente vinculante el recurso previo de inconstitucionalidad, y sin embargo el PP ha abogado por el restablecimiento de este procedimiento, consciente del enorme perjuicio político que puede ocasionar el sometimiento a consulta popular de algo que es manifiestamente contrario al amplísimo acuerdo reflejado en la Constitución.
En estas condiciones, no puede resultar tranquilizador asistir a espectáculos como el brindado por el Gobierno en los últimos días a cuenta de una eventual supervisión estatal de las cuentas autonómicas, sensata iniciativa anunciada por su responsable económico que, tras las airadas críticas de los convergentes, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría se ha empeñado en dejar prácticamente sin efecto, ante el estupor general.
El voto negativo de CiU a la investidura de Rajoy debería bastar a los populares para recordar que de nada sirven los guiños a los nacionalistas, y lo contraproducente que resulta tratar de contentar a los que jamás van a sentirse satisfechos. Se quiera o no, el hecho es que el Ejecutivo de Mas, que ya no oculta sus pretensiones secesionistas, cree que puede ganar este pulso al Estado y a la soberanía nacional. Pero eso no está en las manos del presidente autonómico catalán, sino en las del de la nación.