Está bien que el presidente del Gobierno se reúna con el líder de la oposición para dar una respuesta común al desafío separatista; siempre y cuando, claro está, esa respuesta no siga consistiendo en no hacer nada o en tratar de contentar al secesionismo golpista mediante ofertas como un pacto fiscal muy similar al cupo vasco, una reforma constitucional que encaje la singularidad catalana o la cesión del 100% del IRPF a las ya de por sí sobrefinanciadas Administraciones regionales.
Esto es lo que tanto el PP como el PSOE han venido irresponsablemente haciendo desde que, hace ya más de tres años, el presidente de la Generalidad de Cataluña amenazara públicamente al presidente del gobierno con iniciar un ilegal proceso secesionista como el que, desde entonces, ha venido perpetrando.
Ya entonces Rajoy debería haber comparecido solemnemente para anunciar su disposición a abortar semejante deriva separatista, bien supeditando cualquier ayuda extraordinaria a la Administración autonómica catalana a su expresa renuncia al proyecto de ruptura, bien comprometiéndose a que no quedara impune ningún delito de desobediencia, bien haciendo mención expresa a la suspensión de la autonomía, al amparo del artículo 155 de la Constitución.
En lugar de un gesto de disuasión y firmeza, Rajoy prefirió calificar de "algarabía" la apuesta separatista, silenciar el chantaje de que había sido objeto y conceder un crédito sin condiciones a la Administración autonómica en rebeldía, convirtiéndola, desde entones, en la principal destinataria de los Fondos de Liquidez Autonómica. La Generalidad, por su parte, ha desobedecido tres sentencias del Tribunal Constitucional –una contra la declaración soberanista del Parlamento regional de 2013 y dos más que prohibían expresamente la celebración de la consulta secesionista de 2014–, por no hablar del caso omiso que, desde mucho antes, los nacionalistas vienen haciendo a las sentencias contrarias a la inmersión lingüística.
No se sabe si Rajoy dará ahora a los separatistas la ocasión de desobedecer por cuarta vez al TC, dado que todavía no ha aclarado si va a recurrir la propuesta de resolución en la que los separatistas expresamente se comprometen a desobedecer lo que diga dicho tribunal o cualquier otra institución del Estado.
Rajoy sabrá muy bien lo que tiene que hacer, pero no quiere informar de ello, a pesar de que todos los españoles tienen derecho a saberlo; especialmente los separatistas catalanes, a los convendría empezar a disuadir. Rajoy sabe, pero no contesta. Esperemos que no se reduzca a esto esa respuesta consensuada con el PSOE, con la que también se pretende neutralizar a Ciudadanos.