A no ser que pretenda proseguir por vía epistolar las negociaciones secretas mantenidas con la Generalidad hasta la víspera del 9-N, no se entiende que el presidente del Gobierno no haya hecho públicas en su integridad tanto la carta que le envió el pasado lunes 10 Artur Mas como su respuesta, cursada una semana después. Sólo por filtraciones muy limitadas de ambas se ha hecho saber a los españoles algo que ya sabían: la disposición del presidente autonómico a pactar una "consulta definitiva" y la intención del presidente del Gobierno de "no negociar la soberanía nacional". Poco respeto, sin embargo, se demuestra a la soberanía nacional ocultando a la ciudadanía a qué extremos y en qué términos llega la persistente oferta de "diálogo" de Rajoy. Más aun si se tiene en cuenta que va dirigida a quien la Fiscalía General del Estado considera , presuntamente, autor de delitos de prevaricación, desobediencia, usurpación de funciones y malversación de fondos públicos.
Por otro lado, el portavoz del Gobierno regional catalán, Francesc Homs, ha anunciado que Artur Mas invitará a Rajoy a mantener una reunión en el Palacio de la Generalidad el próximo día 29. "Si, como se ha publicado, existe un cierto propósito de enmienda" por parte del PP, "un buen gesto sería reconocer el error histórico que supuso la recogida de firmas contra el Estatut, porque incorporaría la perspectiva necesaria que explica que estemos donde estamos", ha osado decir Homs. Como para no osar, dada la actitud de Moncloa.
Por si el panorama no resultase ya lo bastante desolador, este martes se ha sabido que entre las personalidades a las que Rajoy ha pedido consejo para abordar el ilegal desafío nacionalista se encuentran, además de Pedro Sánchez, Alfredo Pérez Rubalcaba y Felipe González pero no José María Aznar.
Aznar afrontó también un desafío secesionista, el Plan Ibarretxe. Pero actuó de muy distinta manera: negándose a cualquier acuerdo con el PNV mientras éste no renunciara públicamente al desafío y disuadiendo desde un primer momento cualquier tentativa de referéndum ilegal elevando el reproche penal que hasta entonces castigaba esa usurpación de atribuciones. Rajoy, por el contrario, se ha negado durante dos años a admitir la posibilidad de que Artur Mas cumpliera su palabra de perpetrar una consulta ilegal, por lo que no se ha molestado en tratar de disuadirlo invocando el Código Penal o supeditando la financiación a la Administración regional en rebeldía a un público acatamiento de sus gobernantes del ordenamiento jurídico.
Que Rajoy busque consejo en Felipe González y no en José María Aznar no debe extrañar a nadie, habida cuenta del cúmulo de traiciones del presidente del Gobierno al ideario, al programa y a los votantes del PP.