Ante uno de los oradores más brillantes de la democracia española, como es, sin duda, Mariano Rajoy, puede resultar pretencioso por nuestra parte, criticar uno de los requerimientos que el líder popular ha dirigido al presidente Zapatero, en su, por lo demás, correctísima intervención parlamentaria de este miércoles. Rajoy ha pedido a ZP que "diga si garantiza que no pagará precio político a ETA, porque si no el terrorismo será un instrumento para hacer política".
La cuestión planteada por el dirigente popular es, sin duda, decisiva. Lo es para dejar claro si Zapatero pretende dirigimos hacia la verdadera paz (la claudicación y el final de ETA), o al pago de un chantaje en forma de tregua –o de terrorismo incruento–, lo cual sería, además de una fractura en la legitimidad en el ejercicio de gobierno, una victoria de ETA que, tras el cobro, animaría a la banda terrorista a plantear, en el futuro, chantajes más ambiciosos.
Lo que reprochamos a Rajoy no es, por tanto, que plantee esta cuestión decisiva, sino el cómo la ha formulado. Rajoy debería haber reparado en el hecho de que quien está dispuesto a efectuar pagos políticos a una organización terrorista –como quien, en realidad, no está en disposición de hacerlo–, siempre se negará a reconocer algo que, a todas luces supone, efectivamente, colaborar con que "el terrorismo se convierta en un instrumento para hacer política". Nadie, por mucho que esté en semejante disposición, va a admitir estarlo, y menos en pro de una "paz" electoral. Y menos que nadie, el gobierno del 14-M. ¿Qué esperaba Rajoy? ¿Que ZP, para variar, le dijera una verdad?
Si ZP no está dispuesto a admitir como tales los pagos políticos que ya ha efectuado a ETA como señal de buena voluntad, tampoco admitirá como tales los que en adelante efectúe. Los siga desembolsando por anticipado, como si lo hace, tras el anuncio de tregua, en mesas de partidos paralelas –tal y como propusieron "fuentes socialistas" desde El País–, la intención de ZP es que los ciudadanos no perciban la conexión política y penitenciaría de lo que cuesta, en términos de legitimidad democrática, el espejismo de su "paz". ZP esta obligado por su nihilista dinámica a tener que desvincular, a los ojos de la ciudadanía, la presión terrorista de la transformación política.
El pago político –al margen del penitenciario– que ZP está dispuesto a pagar al terrorismo nacionalista se sitúa, como no podía ser de otra forma, en el País Vasco, y pasa, inexorablemente, porque el Gobierno de España se sume a los separatistas del Pacto de Estella para acabar con el actual Estatuto de Guernica. ¿Es esto suficiente para que ETA deje definitivamente la violencia? Evidentemente, no. No hay más que oír a Otegi; como mucho, creemos que lo favorecerán con una tregua o manteniendo una actividad terrorista de baja intensidad.
Sin embargo, que ETA no acepte, finalmente, como suficiente el pago de un nuevo estatuto soberanista, no hará menos censurable la disposición y el pago político por parte del Gobierno; pago que, si se efectúa, no tendrá vuelta atrás, por mucho que ETA vuelva a sacudir con energía el árbol. No tendrá vuelta atrás por la sencilla razón de que nadie en el futuro reconocerá, desde el PSOE, que se hizo esa concesión “estatutaria” de la mano de los separatistas, con la contraproducente intención de intentar contentar a quienes, como ETA y sus recolectores, no se van a contentar.
Por eso, lo que debería haber dicho Rajoy es: "Sr. Zapatero, garantice usted que, ni antes ni después de un eventual anuncio de tregua por parte de ETA, va su partido a sumarse a las formaciones separatistas del Pacto de Estella para acabar con el actual Estatuto de Guernica".
En compañía y con el acuerdo de los de Estella, que ZP pretenda hacer creer a los españoles que lo que busca para el País Vasco es un estatuto constitucional, "limpio como una patena", no será tarea nada fácil, por mucho que ETA pueda facilitarles el anestésico de una tan falsa como efímera "paz".