No nos basta con que Mariano Rajoy pretenda afirmar su liderazgo con una muestra semanal de sus innegables dotes como orador en sede parlamentaria. El proyecto de demolición de las bases nacionales y constitucionales de España al que se enfrenta como máximo dirigente del PP le exige mucho más. No podemos, por ello, dejar de aplaudir que el dirigente popular se haya adelantado a la reunión de Zapatero e Ibarretxe, y haya puesto de relieve ante la opinión pública la bochornosa pretensión, tanto del presidente del gobierno como del lehendakari, de no informar a la prensa de lo que hoy ambos traten en Moncloa.
Rajoy ha subrayado, asímismo, en rueda de prensa el “ilegal” encuentro que el martes protagonizó quien hoy será recibido por el presidente de gobierno. Si Ibarretxe, tras entrevistarse con Otegui, está dispuesto a transmitir a ZP las condiciones que le reclaman los nacionalistas, incluidos los etarras; Rajoy tambien se ha dirigido a ZP en una pedagógica y firme aclaración sobre lo que, al lehendakari, le debería trasmitir un presidente de gobierno respetuoso con la legalidad constitucional y defensor de la continuidad de España como nación. A saber, que no basta un simple cambio de nombre en el Plan Ibarretxe para unirse a los nacionalistas para acabar con el Estatuto de Guernica, que no se va a volver a cometer el error de negociar con ETA; que se va a aplicar la ley para que los proetarras no tengan representación y subvención pública, y que se va a estar dispuesto a utilizar todos los resortes del Estado de Derecho para que los nacionalistas no vulneren la legalidad vigente.
Resulta evidente, sin embargo, que Zapatero, -quien no ha tenido empacho en hacer depender a su gobierno de los socios de ETA en Perpiñán-, está dispuesto a hacer justo lo contrario. De hecho, el Plan de Patxi López no es otra cosa que una disposición a partir de la cual pagar un precio político por la paz. De hecho, desde el Gobierno ya se ha neutralizado la legislación que prohíbe a los proetarras tener representación parlamentaria y ya se han hecho desde el Gobierno públicas ofertas de negociar con quienes el Estado de Derecho obliga en todo momento apresar; de hecho, ya se han hecho ofertas de impunidad que han despertado la justificadas protestas de las silenciadas víctimas del terrorismo etarra.
La cuestión no es si el gobierno del 14-M está dispuesto a fracturar su legitimidad en el ejercicio del poder con tal de lograr una falsa paz en la que España quede descoyuntada como nación y el PP marginado políticamente. La cuestión es si la opinión pública y los ciudadanos, cegados o temerosos por el talante, por la maquinaria propagandística del gobierno o por sus apagones informativos, lo van a consentir.
