Las cifras que arrojan las encuestas de intención de voto reflejan tozudamente que el PP, lejos de haber sufrido el lógico desgaste asociado a las tareas de gobierno, mantiene e incluso incrementa ligeramente su intención de voto respecto de las últimas elecciones generales. Casi 11 puntos separan al PSOE del PP en intención de voto, según la encuesta publicada el domingo por El Mundo. Y esto es aún más llamativo si se tiene en cuenta que hace poco más de un año era el PSOE quien aventajaba en varios puntos al PP. Naturalmente, pueden hacerse varias lecturas de los resultados de las encuestas. Pero no cabe duda de que las cuestiones de fondo están razonablemente claras para cualquier analista.
En primer lugar, la pancarta y la alianza con los partidos antisistema –IU y nacionalismos separatistas– nunca ha sido la mejor forma de ganar al electorado de centro, la clave de todas las convocatorias electorales. Sobre todo cuando se carece de un programa de gobierno digno de tal nombre y cuando ya existía la experiencia de Almunia en 2000, donde el PSOE concurrió a los comicios en alianza tácita con Izquierda Unida y cosechó unos resultados, por cierto, muy similares a los que vaticinan las encuestas para marzo. El mediocre equipo de Zapatero no supo extraer las debidas lecciones de la convocatoria del 25 de mayo, corregidas y aumentadas en Madrid y Cataluña: el Prestige y el "no a la guerra" no forman parte de las preocupaciones prioritarias de la gran mayoría de los ciudadanos.
Y en segundo lugar, Zapatero, preso de sus hipotecas políticas y de sus ambiciones de poder a corto plazo, lejos de rectificar, insiste en huir hacia delante proponiendo nuevos modelos de Estado al calor de los desafíos nacionalistas, abdicando de las dos principales señas de identidad del socialismo español: la vocación nacional y la solidaridad. Especialmente en Cataluña, donde el pacto de gobierno entre el PSC y ERC ha sido calificado certeramente por Esperanza Aguirre, la presidenta de la Comunidad de Madrid, como una adaptación de los postulados de la Liga Norte de Umberto Bossi, considerado tradicionalmente por los partidos de izquierda como un representante de la ultraderecha fascista.
En consecuencia, la situación de la que parte Rajoy para revalidar la mayoría absoluta del PP es, a primera vista, inmejorable: el electorado de centro y el votante socialista moderado no ven con buenos ojos la "segunda transición" que proponen Zapatero y su equipo para garantizarse hipotéticas alianzas de gobierno en el caso de que el PP quede en minoría parlamentaria. La torpeza de la actual ejecutiva del PSOE ha dejado al PP como único defensor del actual marco político e institucional. Y, esto, lejos de ser una rancia antigualla conservadora –como pretenden presentarla los estrategas electorales del PSOE– es en realidad un activo electoral que viene a sumarse a los logros en política económica, en política internacional y en materia antiterrorista. Como, por otra parte, reflejan claramente las encuestas.
Sin embargo, la debilidad del equipo de Zapatero –que, según todos los indicios, está quemando su última etapa al frente del PSOE– no puede ser excusa para que el equipo de Rajoy se duerma en los laureles y se conforme con desarrollar una campaña de "perfil bajo", asumiendo pocos riesgos. Aparte de que la experiencia de la campaña de 1993 lo desaconseja –algunas encuestas daban la mayoría absoluta al PP–, la gravedad de los desafíos planteados por los nacionalistas vascos y catalanes –donde habría que incluir a Maragall, quien ha aceptado, en nombre del PSOE, excluir al PP de la vida política en la medida de lo posible– exige del nuevo líder del PP un discurso claro y contundente en defensa de la Constitución. Porque, como decíamos hace unos días, en marzo está en juego muchísimo más que cuatro años en La Moncloa.
No se trata de ceder a la tentación de hacer leña del árbol caído, que podría ser incluso contraproducente para el PP, habida cuenta del amplio apoyo mediático de que goza el PSOE. Se trata, más bien, de explicar a los ciudadanos con claridad que las propuestas del PSOE son, en su mayor parte, incompatibles con el modelo institucional que, con todos sus defectos, ha logrado garantizar la libertad y el progreso de los españoles durante los últimos 25 años; así como de señalar que la democracia española necesita una alternativa al PP que, hoy por hoy, el PSOE no está en condiciones de ofrecer. Y esa alternativa sólo puede construirse desde la oposición, con un equipo renovado y consciente de su responsabilidad, no desde un gobierno inestable, condicionado por quienes saben que sólo podrán lograr sus objetivos fragmentando al PSOE... y a España. En esta tarea, Rajoy y su equipo no pueden, ni deben, ahorrar esfuerzos.