La política fiscal del PP se ha caracterizado hasta ahora por una nefasta combinación de mentiras e históricas subidas de impuestos, pero, por desgracia, el inicio de la nueva legislatura no augura ninguna corrección al respecto, más bien al contrario. El Gobierno sigue apostando por disparar la carga tributaria que soportan ciudadanos y empresas españolas con la excusa de combatir el déficit, en lugar de reducir el gasto para cuadrar las cuentas públicas, al tiempo que da largas o, directamente, maquilla la realidad para minimizar el coste electoral de tales medidas.
Prueba de ello es que Mariano Rajoy afirmó este viernes que, pese al reguero de informaciones que apuntan lo contrario, "no hay tomada ninguna decisión" sobre futuras subidas tributarias. La mentira del presidente en esta materia es triple. En primer lugar, porque el propio Gobierno admite en privado que está trabajando en dichos aumentos. En segundo término, porque desde hace semanas negocia con otros partidos cómo elevar la recaudación de cara a los Presupuestos Generales del Estado para 2017. Y, en tercer lugar, porque el PP se escuda una vez más en el cumplimiento de los objetivos de déficit para justificar tal decisión cuando, en realidad, Bruselas no exige subidas concretas, sino un ajuste presupuestario cuya implementación se puede alcanzar por la vía de los ingresos, los gastos o una combinación de ambas.
Rajoy, sin embargo, con su ministro de Hacienda a la cabeza, Cristóbal Montoro, prefiere vaciar el bolsillo de los españoles antes que tocar mínimamente la sobredimensionada e ineficiente estructura estatal. Son muchos los entes, organismos y empresas públicas inútiles que pueden ser eliminados para ahorrar dinero al contribuyente. Además, son múltiples y muy variadas las reformas estructurales que podría poner en marcha el Gobierno para ahorrar costes y mejorar el funcionamiento de los servicios públicos sin reducir coberturas ni prestaciones, tanto en Sanidad como Educación o Pensiones, a imagen y semejanza de las políticas aplicadas en el centro y el norte de Europa desde hace años.
Pero nada de esto sucederá. El presidente, en su impertérrita y sempiterna inacción, preferirá siempre subir los impuestos, aprovechándose de la nula capacidad de movilización que tienen los contribuyentes, que eliminar entidades públicas o reducir partidas de gasto que puedan molestar a lobbies, grupos de interés o redes clientelares concretas. Así, aunque el Ejecutivo intentará no tocar el IRPF y el IVA, al menos a priori, está dispuesto a elevar el resto de figuras tributarias, desde el Impuesto de Sociedades, hasta los Impuestos Especiales, Patrimonio, Sucesiones, Donaciones, fiscalidad verde y otro tipo de tributos. Y ello, al tiempo que negocia con el PSOE y Ciudadanos un aumento de las pensiones y una subida de sueldo a los funcionarios.
El PP se equivoca una vez más. El elevado déficit público no es un problema de falta de ingresos, sino de exceso de gastos. Lo que necesita España, por tanto, es reducir el tamaño de la Administración Pública y corregir sus graves ineficiencias para ofrecer un mejor servicio a la población al menor coste posible, al tiempo que bajan y se simplifican los impuestos para impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo. Además, al contrario de lo que piensa el PP, las rebajas fiscales no sólo se traducirían en más dinero para los pensionistas y un incremento del salario neto de los empleados públicos, sino que le permitirían reconciliarse con los millones de votantes que, hoy por hoy, o bien reniegan del partido o bien lo perciben como un mal menor al que no les queda más remedio que seguir apoyando para evitar la victoria de la izquierda.