Es cierto que el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, ha afirmado que la sentencia de Estrasburgo "no ha cuestionado" la Doctrina Parot y aclarado que el fallo sólo afecta al caso de la etarra Inés del Río. Ahora bien, si esto es así no se explica cómo desde el Gobierno de España –"parte contratante" del Convenio Europeo y responsable de la ejecución de las sentencias del Tribunal de Estrasburgo– no se haya salido a la palestra para aclarar, tanto a los medios de comunicación como a los tribunales nacionales y a las decenas de etarras que reclaman su inmediata puesta en libertad, que quienes crean estar en una situación similar a la de Inés del Río deben hacer lo mismo que ella, esto es, recurrir al Tribunal de Estrasburgo.
Es cierto también que los ministros de Exteriores y Justicia avisaron, tras hacerse pública la sentencia, que el Gobierno no iba a permitir que ningún etarra excarcelado fuera recibido "como un héroe"; pero esta es la hora, sin embargo, en la que el Gobierno de Rajoy no ha instado a la ilegalización de la asociación de expresos etarras Harrera Elkartea ni al procesamiento de ninguno de sus miembros por enaltecer a los terroristas que puedan ser liberados.
Es trágicamente cierto que no tenemos constancia de ninguna sentencia del Tribunal de Estrasburgo que haya sido ejecutada con tan asombrosa celeridad como la que afecta a Inés del Río, a la que debemos el asesinato de 24 personas; tan cierto como que esta es la hora en la que el Gobierno de España aún no ha dado explicación de por qué no se han ejecutado todavía otras sentencias de ese mismo tribunal, como la del caso Rumasa.
Es cierto que la derogación de la Doctrina Parot fue uno de los compromisos del anterior Gobierno con ETA, tal y como ya apuntaba la campaña que en 2006, siendo secretario de Estado de Justicia Luis López Guerra, desató el Ejecutivo de Zapatero contra el presidente del Tribunal Supremo por defender esa doctrina. También es cierto que este compromiso con la banda terrorista se confirmó en su más repugnante literalidad con la publicación, en 2010, de las actas de las reuniones incautadas a ETA. Y no es menos cierto que esta es la hora en la que ningún miembro del Gobierno de Rajoy se ha atrevido a recordarlo.
El recibimiento que Rajoy hizo al repugnante comunicado de "alto el fuego definitivo" de los terroristas supuso todo un aval a la paz sucia de ETA. Rajoy mintió al decir que ese comunicado no era fruto de "ninguna concesión política". Una vez llegado a la Presidencia, se mostró renuente a instar la ilegalización de los nuevos brazos políticos de ETA, a pesar de que la propia banda había celebrado públicamente haber ganado la "batalla de la ilegalización". Por su parte, el ministro del Interior mintió al afirmar que le constaba que el Estado de Derecho "no había estado en suspenso” durante el mandato de sus antecesores socialistas, y no sólo porque ahí está el caso Faisán.
El PP de Rajoy asumió la engañosa vía Nanclares, y Gallardón y Fernández Díaz mintieron clamorosamente al afirmar que la excarcelación de Bolinaga obedecía a un "imperativo legal". Por otro lado, sólo desde la más inadmisible incompetencia o desde la más inconfesable complicidad con el Gobierno anterior se puede explicar que Josu Ternera no haya sido detenido.
A pesar de todo lo anterior, el Gobierno de Rajoy, en defensa de la dignidad de los vivos y de la memoria de los asesinados, aún puede y debe variar radicalmente la nefasta y continuista política emprendida por Zapatero. El problema está en que, si hemos de creer al ministro del Interior, el Gobierno "no va a variar" su mal llamada "política antiterrorista". Esta continuidad, lejos de ser un consuelo, constituye el mayor drama para todas las víctimas del terrorismo, incluidas las que puedan ver admisible que Rajoy, con la que está cayendo, les hable de la lluvia.