El candidato del PP a la presidencia del Gobierno ha decidido abordar en su primera intervención electoral una de las asignaturas que el otro día considerábamos que quedaban “pendientes” en el balance de gestión de los gobiernos de José María Aznar: La Justicia. Rajoy se ha comprometido a crear en los próximos cuatro años nada menos que 32.000 nuevas plazas policiales, 350 nuevos juzgados y a desarrollar reformas que garanticen “una mayor rapidez y firmeza” en las sentencias judiciales y eficacia en su cumplimiento. Así, el candidato popular ha asegurado que, si la mayoría de los ciudadanos le otorgan su confianza, reducirá los plazos de respuesta de los juzgados en un 30%, de manera que las sentencias no tarden en llegar más de una media de cuatro meses.
Qué duda cabe de que Rajoy con estas propuestas se dirige a uno de los focos que mayor malestar provoca en la ciudadanía, como es la inseguridad y el deficiente funcionamiento de nuestra administración de Justicia. Sin embargo, hemos de mostrar nuestro escepticismo ante unas propuestas que llegan del Partido Popular con tantos años de retraso y que requieren una enorme inversión pública y cantidad de recursos humanos para hacerlas realidad. Tan pertinente como la presencia de los titulares de Justicia e Interior, hubiera sido que Rajoy hubiera estado acompañado por el ministro de Hacienda. No cabe duda de que los futuros titulares de esos tres ministerios van a precisar necesariamente de un buen entendimiento.
Desde luego, 350 nuevos juzgados es un objetivo ambicioso que puede pecar de falta de realismo, como en mayor medida ocurre con los 32.000 nuevos agentes que Rajoy pretende incorporar a nuestras fuerzas de Seguridad. No hay que descontar, en este sentido, la escasez de agentes o bien una significativa elevación de sus salarios visto el enorme número de plazas que pretende cubrir el candidato popular. Aunque haya diferencias propias en ambos campos, no podemos dejar de recordar las dificultades que ha tenido el Ministerio de Defensa para cubrir las nuevas plazas que exigía la profesionalización de nuestro Ejército.
Aunque los jueces tampoco proliferan en demasía en nuestro país, damos más confianza a la creación de nuevos juzgados y, sobre todo, a las reformas legales y de procedimiento que agilicen y hagan más severa nuestra administración de Justicia. Solucionando de verdad estas carencias muy probablemente resultaría innecesario semejante incremento de plazas policiales. Como ya hemos señalado, en muchas otras ocasiones, el incremento de la inseguridad ciudadana en nuestro país no se ha debido tanto a que fueran escasas las detenciones policiales como a la dilación judicial y a la práctica impunidad que las acompañan y hacen estériles. Es lógico y natural que ante esa inseguridad, los ciudadanos reclamen mayor presencia policial, pero los políticos deberían ser conscientes de que la clave se encuentra en nuestra Administración de Justicia.
Aunque respaldamos una mayor dotación presupuestaria, hay que aspirar a que nuestro sistema judicial no sólo sea eficaz sino lo más eficiente posible. En este sentido hay que destacar la importancia de fomentar la mediación, el arbitraje y la conciliación, advirtiendo que el Estado no ha de intervenir necesariamente en cualquier litigio. Se precisa una modificación de la estructura del proceso –más importante que el plazo en sí de la redacción de la sentencia– que permita la modernización del sistema, elevar su productividad y desanimar la litigiosidad.
El Gobierno muy parcial y tardíamente ha afrontado esta cuestión, por eso es bueno que Rajoy se haya dirigido a ella en su primera oferta concreta de gobierno. No obstante, hablando de la Justicia, hemos de destacar el incumplimiento de la vieja promesa del PP de restablecer la independecia judicial respecto a la selección de los miembros de nuestros máximos órganos judiciales. Rajoy ni siquiera la ha mentado en su propósito de intenciones. Más que una asignatura pendiente, parecería que la da definitivamente por suspensa.