La misma semana en la que tanto el Gobierno central como la Generalidad de Cataluña han desmentido todas las informaciones sobre posibles contactos entre ambos, el encuentro secreto Rajoy-Puigdemont celebrado en La Moncloa el pasado 11 de enero, y revelado este miércoles por La Vanguardia, ha centrado la sesión de control al Ejecutivo regional.
El presidente de la Generalidad le ha quitado importancia asegurando que en ningún caso ha supuesto una negociación directa sobre la celebración del nuevo referéndum ilegal, previsto para el próximo mes de septiembre. El presidente del Gobierno también se ha resistido a confirmar el encuentro, y se ha limitado a recalcar en los pasillos del Congreso que su posición es "la misma de siempre", que se resume en la necesidad de abordar con la Generalidad todos "los problemas que afectan a la gente" pero en ningún caso fórmulas "para saltarse la ley" y celebrar una consulta que "liquidaría la soberanía nacional".
Aunque el secretismo en torno a dicha reunión haya provocado críticas a Puigdemont por "ocultar información a los catalanes", lo cierto es que la misma información ha sido ocultada por Rajoy a todos los españoles. Y no hay que olvidar que el Ejecutivo central ya mantuvo reuniones secretas con los sediciosos en vísperas del ilegal referéndum celebrado en Cataluña el 9 de noviembre de 2014, tal y como acabó reconociendo el propio presidente del Gobierno.
A la postre, Rajoy es un presidente que sigue sin atreverse a restablecer el orden constitucional en Cataluña, mientras Puigdemont –como Artur Mas en su día– es un mandatario regional dispuesto a seguir saltándose la ley a la torera, como vuelve a ilustrar el elocuente caso omiso que este miércoles la Generalidad ha vuelto a dispensar al aviso del TSJC para que suspenda la consulta secesionista.
La disposición de Rajoy a negociar 45 de las 46 exigencias de los sediciosos –todas menos la convocatoria del referéndum–, aunque aparentemente sensata, implica un temerario trato privilegiado a una Administración en rebeldía, que de esta forma ve que nada tiene que perder –y sí mucho que ganar– con su desafío al Estado de Derecho.
Cosa distinta hubiera sido si el desafío al Estado de Derecho iniciado en Cataluña en 2012 hubiera acarreado la suspensión de la autonomía y la asunción por parte de la Administración central de la financiación y las competencias que la Generalidad tiene encomendadas. En tal caso, el deseable abandono por parte de los secesionistas de su proceso ilegal y su público acatamiento del orden constitucional deberían llevar aparejado el inmediato restablecimiento de la autonomía catalana. Sin embargo, como este no ha sido el caso, Rajoy no se ha dado otra salida que ofrecerse a pagar un "precio político" por lo que no debería ser más que el normal funcionamiento de las instituciones y el normal cumplimiento de la ley.
Pensar que la negociación de dicho "precio político", como pago por evitar un nuevo desafío al Estado de Derecho en forma de referéndum, puede llevarse a cabo con luz y taquígrafos es desconocer la naturaleza misma del proceso de degradación institucional en el que estamos inmersos por culpa tanto de un Gobierno regional decidido a proseguir su proceso de desconexión del Estado español como de un Ejecutivo central temeroso a la hora de restablecer el imperio de la ley en Cataluña.