El Gobierno en funciones de Mariano Rajoy parece haber encontrado la forma de evitar que la golpista Administración regional catalana siga desobedeciendo las sentencias del Tribunal Constitucional como de forma tan clamorosa ha venido haciendo con todos aquellos pronunciamientos que entorpecen o contrarían su ilegal aspiración de dotarse de un Estado independiente.
La fórmula de Rajoy no pasa por cumplir su deber de hacer cumplir las sentencias, ya sea mediante la intervención directa de la Generalidad al amparo del articulo 155 de la Constitución, ya sea instando el procesamiento de sus dirigentes por desobediencia, usurpación de atribuciones o prevaricación, ya sea, simplemente, con la supeditación de la ayuda financiera extraordinaria que Montoro sigue brindando a la Generalidad –vía Fondos de Liquidez Autonómica– a un público y verificable acatamiento del orden constitucional y la consecuente renuncia al proyecto de ruptura.
Como la Generalidad sigue siendo fiel, de palabra y obra, a la ilegal resolución secesionista por la que el Parlamento autonómico y el "proceso de desconexión democrática" no se supeditarán a "las decisiones de las instituciones del Estado español, en particular del Tribunal Constitucional", al Gobierno no se le ha ocurrido otra cosa que dejar de recurrir ante el TC los nuevos pasos que Puigdemont y compañía están dando.
Esto al menos es lo que Rajoy ha decidido hacer respecto de tres leyes catalanas claramente susceptibles de ser recurridas ante el TC, como la relativa a la transformación del Institut Català de Finances –el ICO local– en un banco nacional, estructura de Estado fundamental contenida en todos los planes separatistas; la que se refiere al sistema autonómico de protección de la infancia y la que, con la excusa de la "simplificación administrativa", permite a la Generalidad cobrar impuestos que debe recaudar el Estado.
Se dirá que la invasión de competencias que pueden conllevar estas leyes autonómicas no es, tal y como sucede con la relativa a la protección de la infancia, especialmente grave, y que podría evitarse si se desarrollaran con buena voluntad y plena lealtad a la Nación y al ordenamiento jurídico. Pero eso es precisamente en lo que no está la Generalidad, por mucho que no quiera verlo la ceguera voluntaria de tantos no nacionalistas. Así, que una agencia tributaria autonómica pase a recaudar los impuestos que debe recaudar el Estado central no tendría en principio especial gravedad si aquélla se limitara a ejercer como intermediaria a las órdenes de un Gobierno autonómico leal al Estado; pero es un disparate transferir esa estructura de Estado a una Administración abiertamente instalada en un proyecto secesionista.
A estas alturas, debería suponer una afrenta a la inteligencia de todos los españoles argüir en defensa de esta mal llamada "tregua judicial" el hecho de que la Generalidad carezca por completo de capacidad financiera para activar los planes que marcan sus ilegales designios legislativos. La Generalidad bien podrá hacer lo que de hecho viene haciendo desde 2012, como desviar parte de sus recursos propios al proceso y luego pedir ayuda extraordinaria al FLA para terminar de atender sus competencias legitimas, como el pago a proveedores, funcionarios y farmacias.
No. Esto no es un "gesto de buena voluntad" del Gobierno de Rajoy, sino una nueva y contraproducente forma de intentar contentar a los que no se van a contentar. Se trata de una acomplejada y estéril maniobra de Rajoy para evitar que le acusen de judicializar la política aquellos que, como los nacionalistas catalanes, han llevado la política al terreno de lo delictivo.
Si hay algo que reprochar al Gobierno de Rajoy en lo relacionado con los recursos que ha planteado ante el TC es que se haya limitado a eso y que, sin hacer cumplir las sentencias a la Generalidad, tampoco haya dado las batallas financiera e ideológica contra el nacionalismo identitario. No es sumando la tregua judicial a la ideológica y a la financiera como se derrotará al nacionalismo secesionista. Mas aun cuando en ningún momento los nacionalistas han carecido de impunidad y de financiación para llevar a cabo su golpe de Estado.