La llegada del PSPV al gobierno de la Comunidad Valenciana de la mano de Podemos y Compromis ha supuesto un doble ataque a la libertad de los padres en el ámbito educativo. Por un lado, la consejería de Educación que dirige Vicent Marzá (Compromis) ha restringido la libertad de elección de centro escolar mediante la paulatina supresión de los conciertos con las escuelas privadas y mediante la coactiva asignación de centro escolar en función de la residencia del alumnado. Por otro lado, el mal llamado "decreto del plurilingüismo" trata de imponer el valenciano mediante una artera maniobra consistente, básicamente, en vincular un mayor nivel de inglés a la elección del valenciano como lengua en la que se enseñe un mayor número de asignaturas. De esta forma, sólo los alumnos que cursen el programa mayoritariamente en valenciano obtendrán de manera automática al terminar sus estudios de Bachillerato el certificado de B1 en Inglés. Sin embargo, los alumnos formados en programas que opten por el castellano, deberán acudir a academias o centros de idiomas si quieren obtener el título de inglés correspondiente.
Para colmo, es la dirección de cada uno de los centros escolares, sin contar apenas con el concurso de los padres, los que han recibido la potestad de elegir entre los seis niveles que la Consejería de Educación ofrece en función de la menor o mayor presencia del valenciano. De nada ha servido la multitud de manifestaciones que profesores y asociaciones de padres han realizado en Castellón, Valencia y Alicante contra esta artera maniobra de ingeniería social. Téngase en cuenta que el castellano es la lengua materna de la inmensa mayoría de los valencianos y lo es hasta tal punto que incluso en muchísimos municipios pertenecientes a la llamada "zona de predominio lingúistico valenciano" sólo un tercio de la población residente utiliza la lengua valenciana siempre o más que la castellana en el hogar.
Con todo, la cuestión no radica en la defensa de una lengua frente a la otra, sino en la defensa de la libertad de elección de los padres y del derecho a estudiar en una lengua u otra sin ser penalizado con una menor enseñanza de una lengua tan importante como es el inglés.
La decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de suspender cautelarmente este decretazo lingüístico, tal y como había solicitado el recurso planteado por la Diputación de Alicante, abre la puerta a la esperanza pero no olvidemos que de nada servirá que los tribunales fallen definitivamente a favor de la libertad y de los preceptos constitucionales –o a favor del recurso que también se ha planteado contra la supresión de los conciertos– si luego el Gobierno de la nación no hace cumplir la ley y las sentencias. Y si no, recuerden lo que sucede en Cataluña.