Ha sucedido un milagro en España. Algunos políticos tienen prohibido endeudarse más. Sin duda, la medida del Gobierno de impedírselo sólo a algunos ayuntamientos, en lugar de a todos, y seguir permitiéndolo a las autonomías y la administración central resulta injusta y timorata. Pero eso no quita para que sea una buena noticia que se empiecen a implantar algunos límites legales a lo que los políticos pueden hacer no ya con nuestro dinero, sino con el de nuestros hijos.

Ante esta tesitura, un político responsable ajustaría su administración, reduciría costes de todo tipo e intentaría por todos los medios ajustar sus gastos a sus ingresos. Si no lo es buscaría hasta debajo de las piedras todo tipo de trucos contables con los que maquillar su déficit y así poder derrochar lo mismo que antes, endeudando a tus gobernados y sus descendientes exactamente igual, pero dentro de la letra de la ley, que no de su espíritu.

Gallardón es un derrochador. Existe un cierto mito de sus dotes como gestor, completamente infundado, basado en las numerosas obras públicas que se han completado bajo su gobierno. Pero darle al pico y la pala no es especialmente complicado si no se tienen en cuenta los costes. Si una familia mileurista se hiciera construir una casa de dos pisos en la zona más noble de la ciudad donde viven a nadie se le ocurriría calificarlo de acierto o de buena gestión. Es vivir por encima de sus posibilidades, que es la especialidad del alcalde de Madrid.

La diferencia, claro, es que esa hipotética familia se arruina ella sola, pero un gobernante se gasta el dinero de los demás. Y uno de los principales trucos de que disponen para ocultar sus deudas son las empresas públicas. Así, Gallardón se ha vendido a sí mismo Mercamadrid para poder reducir su deuda, que no puede refinanciar, a una empresa pública propia, que sí puede hacerlo. No es la primera vez: lleva dos años vendiendo terrenos municipales a otra empresa pública del ayuntamiento con el mismo objetivo.

Las empresas públicas son uno de los mayores coladeros de enchufismo, derroche e ineficiencia de las administraciones públicas. Existen 4.000 entidades de este tipo en España, que deben 52.000 millones de euros y emplean a cerca de medio millón de personas. Entre sus actividades se encuentran la organización de carreras de caballos, la fabricación de corcho o vidrio, todo ello tan sumamente necesario que, sin duda, debe correr a cargo de los impuestos que pagamos los españoles.

Dentro del consenso socialdemócrata que padecemos, la mayoría de los votantes apoyan que el Estado ayude a quienes menos tienen de diversas maneras, sea con subsidios directos o indirectos, como las becas, o proveyendo servicios como la sanidad o la educación. Pero no parece que el mantenimiento de una red de hoteles de lujo entre en esa definición. Si el resto del mundo espera de este Gobierno un gesto decidido contra el déficit, podría empezarse por la prohibición de crear empresas de titularidad pública a todas las administraciones, así como un plan que lleve a la venta de las que ya tienen, sea completamente o en parte.

Si una empresa pública es rentable, ¿qué razón hay para no venderla e ingresar los impuestos que dejen sus nuevos dueños? Y si no lo es, ¿por qué se mantiene en esta época de vacas flacas? ¿Acaso son sus trabajadores más dignos de atención que los que padecen el paro por el abultado gasto público? Hemos permitido que nuestros políticos derrocharan nuestros impuestos cuando podían, pero no parece sensato seguir así cuando la caja está vacía.