Este año 2012 es el del bicentenario de la primera Constitución española, el texto que pergeñaron los liberales en una Cádiz sitiada por las tropas francesas. Qué mejor forma de celebrarlo que proponer, como planea hacer el PP, una reforma de la carta magna vigente en nuestro país que ponga coto al fin a los desmanes de nacionalistas y caciques autonómicos.
La mayoría de los españoles tiene que sufragar cuatro administraciones –ayuntamientos, diputaciones, autonomías y el Gobierno central–, sus funcionarios y sus políticos, con competencias en muchos casos duplicadas. Es necesario abordar la racionalización de los dos niveles inferiores, que podría alcanzarse eliminando diputaciones y uniendo ayuntamientos, ahorrando así a los contribuyentes, según UPyD, al menos 16.000 millones de euros cada año. Pero aún más necesaria es la clarificación de las competencias que corresponden a cada nivel y la prohibición de asumir responsabilidades de otras administraciones, por más votos que puedan dar a los políticos más generosos con el dinero ajeno.
En cualquier caso, el principal foco de esta ponencia del PP parece estar, acertadamente, en la recuperación de "la idea de nación". Tras dos legislaturas en que ésta era una idea discutida y discutible, los populares acertarían si cogieran esa bandera, y no sólo con palabras. Décadas de nacionalismo y de cesiones de los dos partidos nacionales han terminado por convertir en aceptado y hasta sagrado los supuestos derechos de politicastros de tres al cuarto de imponer un idioma a los niños o abrir embajadas en nombre de naciones inexistentes. Parece que sólo la idea nacional de una Cataluña o País Vasco –nada plurales– era aceptable. Ninguna nación puede sobrevivir mucho tiempo recorriendo ese camino.
La práctica habitual durante esta etapa democrática ha sido la de ir ampliando los poderes de las autonomías a cambio de apoyos puntuales. Jamás, ni siquiera en las etapas de mayoría absoluta, se ha atrevido ningún Gobierno a desandar ese camino, aunque sea un poco. Sin duda existen competencias que pueden y deben ser asumidas por las autonomías por mera racionalidad administrativa. Pero el único criterio que se ha adoptado es el del chantaje y la avidez no sólo de los políticos nacionalistas, sino también de los barones de PP y PSOE.
Es necesario que esta ponencia suponga un primer paso. Pero del partido que alejó de su seno a María San Gil precisamente por querer redactar un texto similar no podemos conformarnos sólo con palabras. La urgencia, claro está, es la economía. Pero perdería una ocasión histórica el PP si desaprovecha el extraordinario poder que ha acumulado tras las últimas elecciones limitándose a poner las cuentas en orden. Habrá cosas que no puedan hacer porque requieran de un pacto con el PSOE para modificar la Constitución. Pero lo que no sería de recibo es que no se hicieran ciertas reformas porque los propios populares no estén dispuestos a acometerlas.
El modelo autonómico ha terminado explotando por ser insostenible económicamente. Pero la nación española va camino de ser insostenible políticamente si no se pone límite a la voracidad autonómica. Esperemos que el PP tenga el valor de poner fin a este camino a ninguna parte.