De confirmarse la noticia de que el Gobierno no instará, a través de la Fiscalía General del Estado, la ilegalización de Bildu, sino que se limitará a la impugnación de algunas listas de esta coalición que considere contaminadas por Batasuna, asistiremos al mismo proceso fraudulento mediante el cual los proetarras lograron burlar con ANV la Ley de Partidos hace ahora cuatro años.
Recordemos que, siguiendo un guión previamente pactado por la dirección de ETA y los representantes del Gobierno durante la tregua terrorista de la primera legislatura de Zapatero, el fiscal general del Estado, en un primer momento, simuló firmeza en la salvaguarda de la Ley de Partidos instando la ilegalización de una formación que apenas disimulaba su pretensión de ser la continuadora de la ilegalizada Batasuna: Abertzale Sozialisten Batasuna. Esto mismo ha hecho ahora el mismo Fiscal General del Estado instando ante el Supremo la ilegalización del burdo señuelo (o plan A) que ha constituido Sortu.
Paralelamente, sin embargo, se supo que ETA/Batasuna tenía un plan B para colarse en las instituciones mediante una formación entonces legal como era la durmiente formación de ANV. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado, tal y como se habían comprometido los emisarios del Gobierno ante la propia dirección de ETA, se negó a instar la ilegalización de ANV en su conjunto, y se limitó a impugnar solamente aquellas listas de este partido en las que figuraban las personas más conocidas del entorno etarra. La sentencia del Tribunal Supremo aprobó las impugnaciones de esas listas, no sin antes incluir un "obiter dicta" o consideración complementaria a la misma, que abierta y duramente reprochaba al Gobierno y a la Fiscalía que no hubieran instado la ilegalización de ANV en su conjunto como proceso de ejecución de la sentencia de ilegalización de HB-EH-Batasuna. Y es que, aunque los magistrados del Supremo dejaban de manifiesto que encontraban razones para poder ilegalizar la formación proetarra en su conjunto, también indicaron que no lo podían hacer por no haber sido objeto del recurso de la Fiscalía. Ciertamente, por el principio de congruencia, el contenido declarativo de una sentencia no puede conceder nada "extra petita", esto es, nada que no se le haya pedido.
A pesar de que fue esa negativa de la Fiscalía a instar la ilegalización de ANV en su conjunto la que permitió a los proetarras colarse en las instituciones en las elecciones de 2007, ahora el Gobierno y la Fiscalia vuelven a repetir la jugada. Y eso, a pesar también de que, entonces como ahora, la normativa por la que debería velar la Fiscalía no es una "ley de candidaturas" o "ley de listas", sino una ley de partidos, que afecta tambien a una coalición de los mismos, tal y como Herri Batasuna fue y lo es ahora Bildu. Esta ley es muy clara al señalar en su artículo 12. 1.b que "se presumirá fraudulenta y no procederá la creación de un nuevo partido político o la utilización de otro ya inscrito en el Registro que continúe o suceda la actividad de un partido declarado ilegal y disuelto".
Desde que, hace un año, los herederos de Batasuna firmaron con el partido que fundara Carlos Garaicoechea un "pacto de bases", ya se pudo detectar claramente las intenciones de llevar a cabo ese matrimonio de conveniencia. Más recientemente, la documentación incautada a seis miembros de Ekin y revelada en un auto de encarcelamiento dictado por el juez Grande-Marlaska, apuntaba a que ETA había diseñado la alianza estratégica entre Batasuna y Eusko Alkartasuna para tratar de sortear la previsible ilegalización de Sortu. Este mismo lunes, se ha hecho público el documento "Herri Akordioa", donde tanto EA, Alternatiba como Batasuna firmaron el texto que dictaría la forma de configurar las listas de cara a las municipales. Fue firmado en marzo y con ello se garantizaría el papel esencial de Batasuna en la creación de Bildu.
Es por tanto Bildu en general, y no determinadas listas o candidatos en particular, el cauce por el que se pretende dar continuidad o sucesión a la actividad de un partido ya ilegalizado. Y, por tanto, debería ser su ilegalización el medio por el que el Tribunal Supremo ejerza la competencia que la ley le asigna para impedirlo. Lo demás son ganas, tal y como pasó hace cuatro años, de dejar que sigan instalados en las instituciones.