Tras considerar el juez instructor del caso Imelsa que los escritos presentados por el fiscal contienen "indicios racionales que fundamentan jurídicamente" la petición de que Rita Barberá y el exconcejal valenciano y actual diputado autonómico Miquel Domínguez acudan a declarar voluntariamente antes de decidir si eleva la causa al Tribunal Supremo o al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, la exalcaldesa de Valencia y actual senadora del PP debería haber hecho algo más que anunciar que acudirá voluntariamente a declarar y reiterar su inocencia.
Sencillamente no es de recibo, en términos políticos, que alguien como Barberá, que tiene imputados por este asunto a prácticamente la totalidad de los concejales con los que gobernó la capital valenciana, se mantenga como representante de la ciudadanía en la Cámara Alta. Más aun cuando a su indudable responsabilidad in eligendo e in vigilando se suma la publicación de unas conversaciones telefónicas entre la que fuera su mano derecha, María José Alcón, y el hijo de ésta, de las que se deduce que la propia Barberá podría haber estado al tanto de los supuestos tejemanejes corruptos con los que el PP valenciano blanqueaba dinero negro.
La comparecencia de Barberá ante los medios de comunicación ha sido un sostenella y no enmedalla que, salvo a Rajoy, no ha satisfecho a nadie en el seno del partido. Buena prueba de ello han sido los breves pero duros comentarios de Javier Maroto: "Las explicaciones de Barberá me parecen insuficientes y creo, además, que no explican nada, no convencen nada y no ayudan nada", ha declarado el vicesecretario general de Acción Sectorial. Otro tanto se podría decir de los comentarios del vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado: "Algunos nos hemos quedado con ganas de más, no son suficientes", ha dicho. Esta indignación escasamente disimulada ante la actitud de Barberá contrastaba con la condescendiente valoración que Mariano Rajoy hacía a primera hora: "Creo que es un paso adelante muy importante que Barberá vaya y atienda la petición que le ha hecho el juez. A mí eso me deja tranquilo. Son los tribunales los que tendrán que decidir".
El caso es que el presidente no se debió de quedar muy tranquilo, pues lo cierto es que a última hora de la tarde de este mismo martes el Comité de Derechos y Garantías del PP anunciaba la apertura de un expediente informativo –paso previo a la expulsión– a Rita Barberá y a todo su equipo.
Así las cosas, no se sabe qué es peor: que Rita Barberá haya mentido al asegurar que "nadie, absolutamente nadie" le había pedido la dimisión en el seno del PP o que haya dicho la verdad. Lo que es evidente es que el PP, ante unas más que probables nuevas elecciones, no se puede permitir la menor sombra de duda, por mucho que a Rita Barberá, como a cualquiera de los concejales imputados, le asista desde el punto de vista penal la presunción de inocencia.