Los socialistas nunca han creído en el estado de derecho que caracteriza a las democracias liberales. En todo caso han asumido ese peaje para disfrutar del poder, pero siempre han considerado que la ideología está por encima de los derechos individuales en las sociedades libres. Ahora bien, nunca como hasta ahora se habían atrevido a hacer público su rechazo a las garantías mínimas que todo régimen político debe observar para no ser considerado una vulgar tiranía.
Eso es precisamente lo que ha hecho Alfredo Pérez Rubalcaba, sostenedor de esa calamidad pública apellidada Rodríguez Zapatero hasta que llegue el momento de postularse como sucesor, con su desvergonzada afirmación de que la presunción de inocencia ha de quedar en suspenso mientras se sustancian los preceptos de una ley que no responde al interés general, sino al apartado más sectario de una agenda ideológica ya de por sí radicalizada, que el Gobierno ha puesto en marcha como única tabla de salvación ante un panorama electoral para el PSOE francamente devastador.
La intención del Gobierno socialista de atribuir la patria potestad por principio a la mujer en caso de denuncia de maltrato, es un despropósito jurídico de tal calibre que si tuviéramos un Tribunal Constitucional independiente, con seguridad hubiera incoado de oficio un procedimiento abreviado para devolver al albañal jurídico de Rubalcaba y Zapatero semejante pretensión. Por desgracia no es el caso de España, así que lo más probable es que se consume este insulto al principio de igualdad ante la Ley, al que la izquierda tiene tan escaso apego.
La modificación legal que pretende el gobierno no soluciona ningún problema, sino que agrava uno ya existente, como es la tramitación de denuncias falsas en los procesos de separación con la intención de favorecer a una de las partes, la mujer, frente a otra, el hombre, a la que la Ley considera culpable de forma preventiva.
No se trata por tanto de proteger los derechos de los niños como afirma el Gobierno, aspecto esencial que los jueces ya tienen muy en cuenta a la hora de valorar cada caso concreto, sino de otro avance del zapaterismo en su agenda revolucionaria que sólo contará con el aplauso de algunas asociaciones feministas, siempre en contra de la verdadera igualdad y de los intereses reales de la mujer.
No hay nada más siniestro que un Gobierno socialista exigiendo el control afectivo de la infancia para determinar, por ejemplo, qué cónyuge ha de hacerse cargo de su custodia tras una separación. Sólo falta que en caso de controversia judicial el estado se haga cargo de las criaturas. ¿Excesivo tal vez? Para otro país tal vez. Para la España de Zapatero no. Y para la de Rubalcaba menos aún.