Treinta años de nacionalismo ininterrumpido y creciente, con su particular ideología xenófoba y excluyente, no solo han hecho un daño terrible, quizás ya incurable, a la sociedad catalana, hoy profundamente fragmentada y dividida en dos mitades por culpa de la intolerancia y la sinrazón de los separatistas, sino que, además, pretende instaurar un régimen ruinoso en una de las regiones más importantes y prósperas de España a base de aislacionismo y radicalidad.
No es de extrañar, por tanto, que ante la posibilidad de que la Generalidad declare la independencia la próxima semana, debido a la incomprensible y traidora inacción del Gobierno central, sean muchas las empresas que hayan decidido salir corriendo de Cataluña. Y no solo pequeñas, sino grandes cotizadas e incluso los principales emblemas de la economía catalana. CaixaBank, Banco Sabadell, Gas Natural, Freixenet, Codorníu, Oryzon, Catalana Occidente… La lista de compañías que deciden trasladar su sede social fuera de las garras de Puigdemont y compañía no deja de crecer.
¿Qué se esperaban? ¿Que los empresarios y los inversores permanecerían impasibles, leales a la nefasta ideología que pregonan los nacionalistas, sin atender los intereses de sus clientes ni salvaguardar el futuro de sus negocios? La inseguridad jurídica que ha instaurado la Generalidad es letal para el mundo empresarial, ya que significa sustituir el Estado de Derecho por la pura y dura arbitrariedad del poder político. Ese ambiente de incertidumbre es incompatible con el desarrollo de una sólida y fructífera estructura productiva a medio y largo plazo. El incumplimiento de la ley, la violación del marco constitucional y la sorprendente impunidad con la que actúan los artífices de este golpe de Estado han terminado por disparar todas las alertas entre los empresarios.
No es para menos, puesto que Cataluña se juega ahora mismo el futuro y la prosperidad de su población. Artur Mas y sus socios vendieron desde un principio que su plan convertiría a esta región en la Suiza del sur de Europa y que, por tanto, no habría nada que temer, puesto que las grandes empresas y los bancos no se moverían. La realidad, sin embargo, es muy distinta, tal y como, por desgracia, empiezan a comprobar ahora los catalanes y sus irresponsables élites políticas. La mínima posibilidad de que se declare la independencia se ha traducido en una fuga masiva de grandes empresas e históricas marcas catalanas en busca de refugio y seguridad jurídica, bajo el amparo del resto de España, la UE y el euro. Y esto tan solo sería el principio, puesto que, en caso de prosperar su alocada utopía, la ruina de los catalanes está garantizada bajo el nuevo régimen que tanto ansían las CUP y el resto de sus socios.
Sin embargo, este abrupto baño de realidad para los separatistas no puede servir de excusa para el Gobierno, ya que también se está incrementando la angustia y el miedo que sufren hoy millones de catalanes, la mayoría de la población, ante los planes que pretenden llevar a cabo Puigdemont y Junqueras con el fin de culminar su golpe. Rajoy debe actuar ya. Su inacción y su profunda cobardía, escondiéndose tras los jueces, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ahora los empresarios, es lo que nos ha conducido hasta aquí. Su pasividad es inaceptable. El Ejecutivo tiene que anticiparse y activar el artículo 155 para suspender de inmediato la autonomía y, de este modo, restaurar la ley y el orden, tal y como advirtió el Rey.