El auto que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz dictó el pasado viernes resulta demoledor para la credibilidad del presidente del Gobierno. En esa pieza jurídica, el magistrado acredita la existencia de pagos en dinero negro al arquitecto Gonzalo Urquijo por la reforma de la sede nacional del Partido Popular, cuyo importe supera el millón de euros.
Lo que otorga a este documento judicial una importancia decisiva es que responde a los hallazgos documentales de los registros que la UDEF llevó a cabo en Unifica, la empresa del citado arquitecto, de forma que el PP no puede en esta ocasión argüir la presunta falsedad de "los papeles de Bárcenas", con cuyos apuntes, por cierto, coinciden de manera exacta en importes y fechas todos los "recibís" y facturas sentados en la contabilidad de la empresa contratada por el PP para la reforma de su edificio.
Las pruebas incautadas en los registros practicados por la policía y su coincidencia con las anotaciones del que fuera tesorero del PP llevan al juez a determinar sin el menor género de duda que "se confirman los indicios de la presunta existencia en el PP de una cierta corriente financiera de cobros y pagos continua en el tiempo, al margen de la contabilidad remitida por el partido al Tribunal de Cuentas".
La conclusión que de forma obligada hay que extraer de estos pagos irregulares es que, si el PP saldó con dinero negro los servicios prestados por esta empresa, es porque necesariamente recibía cantidades opacas al fisco de empresas y particulares con las que más tarde hacía frente a sus gastos utilizando ese mismo mecanismo, tal y como Bárcenas ha declarado reiteradamente en sus distintas comparecencias ante la autoridad judicial.
En su intervención ante el Comité Ejecutivo del PP el pasado 2 de febrero, tras el estallido del caso Bárcenas, Rajoy dijo que en su formación "no se pagan cantidades que no hayan sido registradas en la contabilidad del partido ni que de cualquier otra manera resulten fiscalmente opacas", algo que el auto del juez Ruz desmiente por completo, al menos en lo referido a los gastos ocasionados con motivo de la reforma de la sede de la calle Génova.
Con las pruebas conseguidas por Ruz, fundamento esencial de su auto del pasado viernes, la credibilidad del presidente del Gobierno queda desvirtuada por completo pues no sólo mintió a su partido sino también al Parlamento, que es una de las faltas más graves en que puede incurrir un gobernante democrático.
Las evidencias sobre la financiación irregular del Partido Popular se acumulan en las instancias judiciales, aunque es cierto que en estos momentos el caso se encuentra en la fase de instrucción. Habrá que esperar a que la Justicia dictamine, y confiar en que la influencia de los partidos en los nombramientos judiciales, de lo que esta semana hemos tenido otra prueba lamentable con la renovación del CGPJ, no hurte a los ciudadanos su derecho a una sentencia ejemplar.