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EDITORIAL

Si Arzalluz se vanagloria, el Estado de Derecho mucho más

En un claro acto de apología del delito de desobediencia por el que —por fin— se juzga a Juan Maria Atutxa, Gorka Knorr y Conchi Bilbao por su negativa a disolver el grupo de la antigua Batasuna en la Cámara vasca, el presidente del PNV, Javier Arzalluz, ha manifestado que para su partido sería una “gloria” que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco condenara al presidente y a los dos miembros de la mesa del Parlamento Vasco. “Será una más en nuestra historia que nos ayudará a seguir adelante luchando por la libertad y en contra de la opresión", aseveró Arzalluz quien tampoco dudó en lanzar la amenaza de decir que "la alarma social ahora es grande, pero si a nuestra gente, que es mayoría, le dicen que el lehendakari o el presidente del Parlamento van a la cárcel, va a ser algo más que una alarma social"...
 
Arzalluz ejerció de maestro de ceremonias ante una muchedumbre que aplaudía y acompañaba a los presuntos delincuentes hasta el Palacio de Justicia donde tenían que declarar, en un bochornoso espectáculo que tanto recuerda al episodio vivido cuando miembros del PSOE —con Felipe González al frente— acompañaron al ex ministro Barrionuevo hasta la cárcel de Guadalajara. Con la diferencia, sin embargo, de que mientras que los condenados del GAL —pese a todo— negaban su autoría, Arzalluz y su tropa, no sólo reconocen que los inculpados han violado la ley que prohíbe financiar y dar representación política a los partidarios del terrorismo, sino que se enorgullecen de ello, denigran esa ley como “opresiva” y se vanaglorian del supuesto respaldo popular a ese delito de desobediencia.
 
El todavía presidente del PNV llegó incluso a animar a los concentrados a que entonasen el “himno del combatiente vasco”, escrito en 1936, pero que se canta en los entierros de los etarras y en el que se ensalza “a los combatientes que generosamente derraman la sangre por liberar Euskadi”. Conviene recordar —dicho sea de paso— que esta semana nos hemos enterado de que el PNV ha avalado un libro escolar que excluye entre los “Vascos ilustres” a autores como Unamuno, Baroja, Chillida o Caro Baroja, para incluir a diez asesinos de ETA, entre los que figuran “combatientes” de la talla de José Miguel Berañán “Argala”, “Txomin” o Javier Echevarrieta alias “Txavi” ...
 
Aunque todos estos hechos ya describen por sí solos la degradación y el encanallamiento de los nacionalistas vascos, conviene añadir algún comentario si tenemos presente que el drama que padece el País Vasco y España no solo atañe al sucio papel que los nacionalistas han desempeñado respecto al terror, sino también a las cesiones y complejos con los que hasta ahora le han hecho frente las formaciones constitucionalistas.
 
En primer lugar, hay que señalar que Atuxta y compañía no se enfrentan por ahora a penas de cárcel por financiar y no disolver a los partidarios de ETA, sino tan sólo a una multa y a seis meses de inhabilitación en el cargo. Los delitos que presuntamente han cometido son anteriores a la reforma penal que acaba de aprobar el PP en el Senado que — junto a la pena de entre tres y cinco años de cárcel con el que se castigará los referéndum ilegales— sanciona penalmente “la financiación con fondos públicos de partidos ilegalizados”.
 
Aunque Arzalluz diga que una condena sería una “gloria” para su partido —con la misma falsa chulería con la que se vanaglorian los etarras de sus proezas— hay que decir que la cobardía que denota el fanático dirigente nacionalista es casi la misma que la de quienes durante tantos años han sido incitados a agitar el árbol del que el PNV recogía las nueces.
 
Lo de Arzalluz vanagloriándose de la condena al tiempo que amenaza con una revuelta social, no es más que un farol que busca sacar partido a los temores y a los complejos de quienes durante tantos años les han permitido recoger las nueces. Tras décadas en las que le ha salido bien la jugada, el PNV advirtió de los grandes males que provocaría el Gobierno endureciendo las penas de los terroristas. En realidad nada, salvo la reducción de los atentados. Lo mismo dijeron cuando el Gobierno se atrevió a endurecer las penas que castigan la kale boroka, y sólo se produjo una inmensa disminución de los actos de terrorismo callejero. También los nacionalistas pronosticaron una violentísima revuelta popular si el Gobierno se atrevía a ilegalizar a un partido que como Batasuna “representa a centenares de miles de vascos”. Salvo alguna concentración de exaltados, nada de ello se produjo. Los nacionalistas, sin embargo, siempre han contado con la presuntuosa sensatez —más bien, candidez— de muchos constitucionalistas que en todo momento salen con la cantinela de no “criminalizar” a los nacionalistas y de que, en realidad, les hacemos un favor presentándoles como víctimas del opresivo Estado español. A estos últimos dirige su provocador anzuelo Arzalluz.
 
La cuestión, sin embargo, es si en nuestro Estado de Derecho la ley es igual para todos o bien Atutxa, por ser nacionalista o presidente del Parlamento Vasco, se la puede saltar a la torera.  Si Arzalluz se enorgullece de la condena de Atutxa, nosotros nos vanagloriamos de que no queden impunes los delitos. Hay algo peor a que no exista una ley que prohíba a los etarras tener voz, voto y financiación pública. Que la haya y no se cumpla

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