Los paros convocados en el transporte público de Madrid para este mes de diciembre son especialmente dañinos por tratase de las fiestas de la Navidad, pero ni siquiera ese perjuicio añadido que van a causar a la economía y a los ciudadanos les parece suficiente a los sindicatos convocantes. Es lo que cabe concluir tras el tremendo episodio vivido el pasado jueves en el Metro de Madrid, en el que un sabotaje premeditado puso en riesgo la vida de más de seiscientas personas que en ese momento utilizaban este servicio de transporte.
Los viajeros víctimas de este sabotaje estuvieron más de una hora atrapados en un túnel viviendo momentos de gran angustia, con más de una decena de crisis nerviosas que afortunadamente no derivaron en complicaciones más graves, lo que hubiera podido tener consecuencias trágicas dada la imposibilidad de llevar hasta allí la ayuda sanitaria.
A tenor de los datos preliminares recogidos por la empresa todo apunta a un móvil sindical en este sabotaje, tanto por el momento en el que se produjo (a una hora de comenzar uno de los paros parciales convocados), como por su repetición en otras líneas del metro y los conocimientos técnicos demostrados por los autores para evitar dejar constancia de su delito. La Policía será la que determine la autoría de esta acción que ha puesto en peligro la vida de los usuarios de un servicio público. Ahora bien, al margen de las consecuencias penales que sin duda se derivarán de este grave suceso, es hora de que las autoridades responsables de la seguridad ciudadana pongan fin a este régimen de impunidad en el que se mueven los sindicatos del sector público en la Comunidad de Madrid.
No puede ser casual que las acciones de mayor violencia sindical en los conflictos laborales del sector público se estén produciendo en la Comunidad de Madrid. El caso de Telemadrid, en el que los sindicatos de izquierdas han implantado un auténtico régimen de terror entre los trabajadores, o el gravísimo episodio vivido en el Metro de la capital de España carecen de precedente en otras comunidades autónomas que también están llevando a cabo los obligados recortes presupuestarios.
Incapaz de alcanzar el poder por medios democráticos y sufriendo un rechazo cada vez mayor en las urnas, la izquierda madrileña parece haberse volcado en una ofensiva contra el partido en el gobierno madrileño, con los sindicatos en el papel ariete dentro de una escalada violenta que es necesario cortar de raíz.
Las autoridades responsables del orden público y la seguridad ciudadana deben actuar sin el complejo característico que atenaza al gobernante cuando se ha de enfrentar a la ira sindical, porque aquí no es están realizando acciones de defensa del derecho de los trabajadores sino delitos de gran calado. Los sindicalistas implicados han decidido actuar como delincuentes y como tales han de ser tratados. Tan sencillo como eso.