Los sindicatos han vuelto a mostrar su absoluta incapacidad para entender la economía y, por tanto, hacer un diagnóstico acertado que pueda llevar a una solución que funcione. El secretario general de UGT considera que "la clave para la lucha contra la crisis" consiste en que las empresas no despidan a sus trabajadores. Singular descubrimiento, no cabe duda. En una próxima entrega, suponemos, nos informará de la importancia de que además no cierren.

Cándido Méndez, que jamás ha dirigido otra cosa que un sindicato subvencionado, cree que puede enseñar a quienes se juegan su dinero en el empeño a cómo hacer las cosas. Así, indica que los empresarios deben "retener, reclasificar o reubicar" a sus empleados y no "rescindir contratos". Olvida Méndez que despedir suele ser una mala noticia para un empresario, pues significa en general que su compañía no va lo suficientemente bien o que se equivocó al invertir demasiados recursos humanos en una línea de negocio determinada.

En cualquier caso, las opiniones del sindicalista desvelan un problema más de fondo. Como tantos otros, Méndez pretende que la marcha de la economía puede arreglarse con meros esfuerzos de voluntad, y que si no funciona es porque hay personas poco menos que malvadas que no aportan lo suficiente de su parte. Desgraciadamente, el problema es mucho más profundo, de ahí que sea necesaria una reforma laboral para que España no destruya tanto empleo.

La cuestión es que, como ya empiezan a denunciar incluso los medios afines al Gobierno, a Zapatero le importa bastante menos que los españoles no encuentren trabajo que la mucha o poca impopularidad que pudiera acarrearle las mejoras en el mercado de trabajo. Así que ha condicionado cualquier posible cambio al resultado de un "diálogo social" que, en vista de las opiniones expresadas por el secretario general de la UGT, no puede resultar sino estéril.

Mientras la economía funcionaba, la rigidez de nuestro mercado laboral pasaba más desapercibida, pero pese a ello se creaba menos empleo del que nuestro crecimiento podía hacer pensar; sólo había que comparar nuestra tasa de paro con la de muchas otras economías occidentales. El precio a pagar por finalizar un contrato puede reducir el número de despidos en un momento determinado, pero también reduce la contratación de nuevos trabajadores. Las barreras de salida, nos enseña la economía, son barreras de entrada. Pocas empresas van a arriesgarse a contratar cuando la incertidumbre planea sobre su propio futuro y el despido supone un coste tan alto. Como en cualquier otra inversión –y el empleado es una inversión para el empresario– hay que dotar provisiones para hacer frente a los eventuales riesgos y esas provisiones necesariamente van a suponer un coste que no va a pagar otra persona sino el propio trabajador.

Una crisis significa que la economía debe reestructurarse, desapareciendo compañías –e incluso sectores– que ya no resultan rentables y viendo nacer otras mejor adaptadas a las necesidades de los consumidores. Se trata de un proceso que debe facilitarse y no impedirse u obstaculizarse, porque en caso contrario estaremos alargando la agonía. Incrementar los gastos laborales de las empresas que han de nacer o que podrían crecer es una pésima política para encarar la recuperación.

La propuesta de los empresarios de un contrato de primer empleo para jóvenes con un coste de despido muy reducido, pero que se incrementa con el tiempo, seguramente no sea suficiente. No obstante, tiene la virtud de no atacar "los derechos de los trabajadores", pues está enfocado a emplear a personas que no han trabajado nunca y que, por tanto, no tienen "derecho adquirido" alguno. Pero a esto, como a todo, se niegan los sindicatos. Zapatero debería tomar el toro por los cuernos y obviar la opinión de los autodenominados representantes de los trabajadores... pero no lo hará. Y su incompetencia la pagaremos todos.