El bochornoso paseo que se dio anteayer el ministro de Exteriores por la Puerta del Sol ha puesto el broche final a la que posiblemente sea la campaña electoral más nauseabunda, sectaria e insufrible que ha padecido la democracia española en sus casi treinta años de historia. Desde el Gobierno se ha tomado el pelo a la ciudadanía de un modo vergonzoso, se ha hecho burda propaganda a cuenta de las arcas públicas y se ha manipulado la opinión pública a conciencia pintando un escenario apocalíptico si no se optaba por el voto patrocinado desde la Moncloa. Y todo por un simple referéndum de carácter consultivo sobre un Tratado europeo.
Aquí, en el mismo nombre, es donde se empezó a forjar la mentira. La mal llamada Constitución Europea no es una constitución, es un tratado entre países como otros tantos en el pasado, como el de Maastricht o como el de Niza, que, de no salir la Constitución adelante, seguiría plenamente vigente. Para su elaboración no se ha convocado poder constituyente alguno, sino que el documento vio la luz por obra y gracia de una Convención presidida por un ex presidente francés de trayectoria política un tanto discutible. Esa convención no fue elegida directamente por los ciudadanos y su labor primordial era simplificar tratados previos, y no reorganizar el equilibrio de poder dentro de la Unión como finalmente ha sucedido.
Y es en este apartado, en el rediseño del sistema de voto, donde nuestro país pierde más. Con la Constitución España renuncia gratuitamente a una posición privilegiada en el Consejo, el órgano que representa a los Estados, el más importante y sobre el que pivotan los grandes asuntos comunitarios. Si se termina aprobando el tratado, el voto de España en este órgano valdrá un 25 por ciento menos que actualmente. Por el contrario, Alemania y Francia aumentan su influencia. Es lógico, por lo tanto, que en el país vecino y al otro lado del Rin sea este particular el punto fuerte de la campaña a favor del sí. En España, sin embargo, el Gobierno -perfectamente consciente de que nuestra posición se verá muy resentida- ha escamoteado esto a la opinión pública. La campaña gubernamental no ha pretendido en ningún momento informar a los ciudadanos sino tapar los defectos de la Constitución con un lenguaje pomposo y cursi recurriendo a reflejos condicionados y a los habituales eslóganes con los que las dictaduras suelen adornar sus atropellos.
Pero el Tratado Constitucional no sólo es tremendamente lesivo para los intereses de España. El documento final es un plomo de más de 300 páginas redactado en un lenguaje jurídico impenetrable que deja la puerta abierta a innumerables disparates en el terreno económico. Está concebida por burócratas y para burócratas. Consagra la economía social de mercado, la misma que ha inundado Europa de parados en las últimas décadas y la que ha ocasionado que la productividad y la competitividad de la Unión se encuentre bajo mínimos. Las peores prácticas intervencionistas de la economía europea tienen su acomodo en la Constitución, desde las decenas de miles de normativas comunitarias inservibles hasta la incorporación de la vieja falacia del desarrollo sostenible. El Tratado es un destilado casi perfecto de lo más rancio de la socialdemocracia europea de todos los tiempos.
