José Manuel Soria ha renunciado este viernes al cargo de ministro de Industria en funciones, abandonando de paso la vida política tras una carrera de veinte años por sus torpes, confusas y contradictorias explicaciones sobre su participación en sociedades ubicadas en paraísos fiscales. Disponer de una sociedad offshore no constituye ninguna ilegalidad y, de hecho, es práctica habitual en el comercio internacional, especialmente años atrás, cuando la era de la globalización daba sus primeros pasos y mover el capital de un país a otro era una tarea compleja y costosa. El hecho de que Soria constara en estas empresas antes de entrar en política y de que su actividad estuviera relacionada con los negocios de exportación de su familia hace que, hoy por hoy, no existan indicios de que haya cometido ilegalidad alguna.
El pecado de Soria ha sido otro: mentir. Tras su aparición en los papeles de Panamá, explicó que se trataba de un "error" y negó su vinculación con cualquier empresa ubicada en paraísos fiscales. Pero la publicación de nuevos documentos y su firma estampada en una sociedad radicada en la isla de Jersey desarmó por completo al ministro. A Soria no le quedaba más remedio que dimitir, ya que mintió a los españoles, y así lo hizo. Pero si el exministro de Industria ha dejado el cargo por engañar, el ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, debería haber dejado la política hace mucho tiempo por razones aún más graves y perjudiciales.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montoro justificó la renuncia de Soria señalando que "nadie que haya operado desde paraísos fiscales puede estar en el Gobierno". Más allá de que se trata de un argumento absurdo y falaz, ya que es perfectamente legítimo y legal tener actividades en el extranjero -incluyendo los mal llamados paraísos fiscales-, Montoro no está en disposición de dar lecciones a nadie sobre decencia y moralidad política, más bien al contrario.
Su antigua consultora, hoy bajo el nombre de Equipo Económico, es un lobby sobre el que, desde hace tiempo, pesa la sospecha del tráfico de influencias al más alto nivel. Montoro siempre se ha escudado en que dejó el despacho en 2008, pero olvida que lo dirige Ricardo Martínez Rico, su hombre de confianza en Hacienda durante la segunda legislatura de Aznar, y que sus lucrativos contratos con organismos públicos y empresas, junto a sus turbios tejemanejes, evidencian la connivencia entre Montoro, su exsocio, Equipo Económico y sus clientes. Y prueba de ello es el informe que presentó en su día Montoro en el Consejo de Ministros para rechazar el recorte de las primas renovables que planteaba Soria y que, casualmente, era idéntico al que elaboró Abengoa, cliente de Equipo Económico y en cuyo consejo, además, se sienta Martínez Rico, tal y como en su día destapó Libertad Digital.
Este hecho ya debería haber implicado la dimisión de Montoro. Pero si a ese escándalo se suman las aberrantes filtraciones que han salido de Hacienda, declaraciones de renta inclusive, las intolerables amenazas lanzadas por el ministro contra periodistas, políticos o artistas, así como la terrible indefensión a la que ha sometido al conjunto de los contribuyentes, sobran motivos para destituirle como ministro. Su incompetencia al frente de una cartera tan importante y estratégica como la de Hacienda es más que manifiesta. Y prueba de ello es que sus históricas subidas de impuestos, sus mentiras, su nefasta gestión, así como su prepotencia y altanería, han situado a España a la cabeza del déficit público de la zona euro, con una deuda del 100% del PIB y con millones de contribuyentes -y votantes del PP- algo más que enfadados. Montoro, socio y aliado de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, se la tenía guardada a Soria y no ha dudado en aprovechar esta ocasión para recordárselo. Soria, cuya gestión al frente de Industria ha sido mucho más loable, tenía que dimitir, sin duda, pero Montoro, sin embargo, debería ser cesado de su cargo por ineficaz e indecente.