Mucho se ha hablado y con razón de la incongruencia del PSOE al presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el euro por receta establecido en Madrid cuando los socialistas no han hecho lo mismo contra esta misma tasa que, desde mucho antes, viene aplicando el gobierno de CiU. Esa falta de coherencia, sin embargo, no es mucho mayor en el caso del gobierno de Rajoy, que no presentó recurso de inconstitucionalidad contra este tipo de copago en Cataluña hasta que el gobierno madrileño del PP anunció que iba a aplicar esa misma tasa.
El Tribunal Constitucional, en cualquier caso, ha admitido este martes el primero de los recursos presentados por el Gobierno de Rajoy, que fue el dirigido contra la tasa establecida en Cataluña, por lo que ha decidido suspender cautelarmente su aplicación durante cinco meses, suspensión que afecta también a la tasa judicial que el Gobierno llevó al TC y al impuesto a los depósitos bancarios.
El tiempo y los magistrados del alto tribunal nos dirán si los gobiernos autonómicos carecen o no de atribuciones para poder establecer medidas de racionalización del gasto farmacéutico de esta naturaleza. Sin embargo, y al margen de esta cuestión puramente competencial, el establecimiento de un pequeño cobro fijo de un euro por receta podría perfectamente combinarse con el plan de la ministra de Sanidad, Ana Mato, de que el copago vaya en función de la renta.
La tasa recurrida, en cualquier caso, está demostrando su eficacia: Desde su entrada en vigor en Cataluña, hace seis meses, el euro por receta ha generado una recaudación de 45,7 millones de euros y un descenso del 21% del gasto farmacéutico, según datos de la Generalidad. Sorprende el supuesto rigor jurídico del Gobierno de Rajoy contra esta medida de ahorro en Cataluña cuando, al mismo tiempo, hace la vista gorda ante los incumplimiento de reducción del déficit autonómico, la grosera inconstitucionalidad del documento secesionista aprobado por el gobierno de CiU y sus aliados de ERC, o ante la clamorosa desobediencia de la Generalidad ante las sentencias del Supremo y del Constitucional que preservan el derecho de los catalanes a tener también el español como lengua vehicular en la enseñanza.
Aunque el recurso que va a dejar en suspenso el euro por receta sea ahora mismo el relativo a Cataluña, el gran perjudicado por el Ejecutivo central va a ser el gobierno madrileño. Y esto por varias razones: Es sólo cuestión de muy poco tiempo que el Constitucional tome las mismas medidas cautelares respecto a la tasa introducida con Madrid, con la diferencia de que el gobierno madrileño se ve compelido a cumplir los objetivos de reducción del déficit, mientras que el catalán se jacta en incumplirlos. Así mismo, mientras que a día de hoy el gobierno madrileño del PP no ha tomado un solo euro del Fondo de Liquidez Autonómica, la Generalidad ha sido, con grandísima diferencia, el gran destinatario de esos fondos de ayuda, tanto en 2012 como lo será en 2013. Eso, por no hablar de los 1.000 millones de euros que el Gobierno de Rajoy debe a la comunidad madrileña. De percibir ese dinero que se le adeuda, estamos seguros de que el gobierno autonómico del PP no hubiera tomado esta impopular medida de ahorro.
De lo que todos podemos estar seguros es de que lo que Ana Mato quite a Mas con una mano, Montoro se lo repondrá con creces con la otra. Y de que eso mismo no ocurrirá en el caso de Madrid.