Zapatero ha puesto en marcha su capacidad populista para tratar de vendernos la subida de impuestos. Lo ha vendido como un "pequeño esfuerzo" y, naturalmente, se habla de "solidaridad". Pero el problema es que este incremento no será pequeño y, desde luego, no se gastará en dar dinero a quienes más lo necesitan. Servirá simplemente para tapar los agujeros en las cuentas públicas provocados por la política de Zapatero, también populista, de gastar como si no hubiera mañana.

Los planes del Gobierno consisten en reducir el déficit público en 30.000 millones, aproximadamente un 3% del PIB, reduciendo el gasto más o menos lo mismo que lo que espera incrementar la recaudación merced a la subida de impuestos. Las partidas que ha escogido y que no ha detallado excesivamente se centran en los ministerios de Innovación y Tecnología, Industria y Fomento. Curiosamente, los dos primeros deberían ser protagonistas de ese "cambio en el modelo productivo" que tanto ha pregonado Zapatero y del que en realidad sabía bien poco, porque lleva desde entonces pidiendo ayuda para su Ley de Economía Sostenible de la que no sabemos casi nada, aparte de que será una nueva improvisación que seguramente no sirva para nada más que para tirar nuestro dinero a la basura, o al bolsillo de algunos.

Sin embargo, el Gobierno no debería parar ahí. Quitarles el dinero a los ciudadanos es un asunto muy serio. Y eso, y no otra cosa, son los impuestos. Subirlos no significa nada más que quitarnos una porción mayor de lo que es nuestro. Hay quien piensa que nunca está justificado que el Gobierno se apropie de parte de la riqueza que generan los gobernados, pero aun sin llegar a tanto habría que concluir que sólo debería hacerse cuando existen causas muy justificadas para ello.

Precisamente por eso los liberales siempre hemos apoyado la reducción del Estado del Bienestar, porque supone una redistribución injustificada, porque no es solidario al ser coactivo y porque genera dependencia y parasitismo. Pero es fácil comprender que tocar esas partidas supondría un alto coste político y humano que no puede afrontarse en tiempos de crisis. Aún así, existen multitud de gastos del Gobierno que podrían eliminarse por completo; partidas cuya supresión no le hurtaría el sueño a nadie excepto a los beneficiarios de esas sumas. Eliminar subvenciones a distintas actividades económicas y empresariales y ayudas a las dictaduras supondría un ahorro de 20.000 millones, una cifra que, por sí misma, ya nos permitiría alcanzar ese objetivo que han tomado como excusa para quitarnos una parte mayor de lo que es nuestro. Pero a lo que cabría añadir la reducción de gasto que en otras partidas ya planea el Ejecutivo por concepto de 10.000 millones.

Si además el Gobierno renunciara a continuar financiando rescates bancarios o nuevos planes E, el déficit podría reducirse a un objetivo razonable. Y si además abandonara sus proyectos de dar más dinero a todas las autonomías, cada una de ellas con innumerables partidas tan desechables como aquellas en las que el Gobierno despilfarra 20.000 millones de euros, quizá el Estado en su conjunto empezara a costarnos una cifra un poco más cercana al valor de los servicios asistenciales, policiales, sanitarios o judiciales que son los que en general valoran los españoles. Pero Zapatero no parece estar por la labor de reducir el parasitismo, de ahí que nos obligue a hacer ese "pequeño esfuerzo" que él no está dispuesto a realizar.