La obsesión de los socialistas españoles por controlar a cualquier precio los medios de comunicación no tiene parangón en ningún otro lugar de Europa. Obcecados por mantener a raya el espacio radioeléctrico, los periódicos y hasta el mismísimo internet, los miembros del Gobierno Zapatero van haciendo el ridículo por turnos. En Madrid, y a cuento de la segunda cadena autonómica, le ha tocado al ministro de Industria Montilla. La historia es breve pero no por ello menos aleccionadora de cómo las gastan quienes pasean su soberbia por los pasillos de la Moncloa desde el 14-M.
RTVM, sociedad de titularidad pública, dispone de dos cadenas de televisión; una analógica, la célebre Telemadrid, y otra digital llamada La Otra que emite, básicamente, programación cultural. Con motivo de la regulación del sector que Zapatero anunció el pasado invierno, los ejecutivos de la cadena consideraron oportuno solicitar a Industria el permiso para poder emitir los contenidos de La Otra en analógico. Aparentemente se trataba de un simple trámite administrativo pero no, por obra y gracia del Gobierno más sectario de la democracia se ha convertido en un culebrón que promete no terminar en mucho tiempo. El Gobierno, contra el más elemental sentido común, rechazó la petición y, acto seguido no desperdició un segundo en conceder una licencia de emisión analógica a su padrino mediático. Telemadrid recurrió la decisión y anunció que iba a abrir el canal aunque le pesase al ministro. A juicio de los responsables de la cadena la Ley les asistía y, además, otras autonomías tenían dos y hasta tres cadenas autonómicas sin que el Gobierno dijese ni pío.
Como a los socialistas no se les puede llevar la contraria, y ahí están los concejales del PP de Las Rozas como demostración viviente, Montilla amenazó ayer con vehemencia a Telemadrid con descargar todo el peso de la Ley sobre ella, pero, ¿de qué Ley? Curiosamente de la Ley que hace tres meses aprobó el Ejecutivo para beneficiar a su protector en las ondas. Este extremo no se sostiene, a no ser, claro, que el Gobierno esté pensando en aplicar el Polancazo con carácter retroactivo. Como no es el caso, La Otra tiene pleno derecho a emitir en analógico, el mismo que asiste al Canal 33, a ETB 2 o a la segunda cadena del Canal Sur.
El caso de La Otra, sin embargo, no es una anécdota aislada, un malentendido entre la administración central y autonómica. Se inscribe dentro de la campaña de acoso y derribo que desde Ferraz y Moncloa se ha trazado contra el gobierno popular de la Comunidad de Madrid. El PSOE quiere Madrid, necesita Madrid para perpetuarse en la poltrona. Los estrategas del partido lo saben y de ahí que no se estén escatimando medios para envenenar la legislatura a Esperanza Aguirre. Parón en las inversiones, impuestos no liquidados, ardides contables para imputarlos como deuda y artimañas de dudosa legalidad para empañar la buena imagen de un gobierno regional que está haciéndolo bien, demasiado bien para el delicado gusto de los maquiavelos de salón socialistas. A los datos nos remitimos. La Comunidad de Madrid registra desde hace años un sorprendente crecimiento demográfico y económico, además, crea empleo y contribuye decisivamente a cuadrar la contabilidad nacional gracias a su dinámica economía centrada en los servicios. A cambio, y en el plano de los hechos, los buques insignia del PSOE –Cataluña y Andalucía– poco pueden ofrecer salvo caos político y debacle económica.
Sólo en este escenario puede entenderse el indigno numerito de Montilla. Prohibir emitir a una televisión basándose en una Ley promulgada meses después es vergonzoso e impropio de un Gobierno medianamente serio. Amenazar a un medio de comunicación público con precintarle los equipos de emisión es, amén de una intolerable bravuconada, descender un peldaño en la ignominia y flirtear peligrosamente con ese autoritarismo que los socialistas tanto denuncian cuando no gobiernan.
