La gestión política e informativa de los atentados islamistas de Barcelona y Cambrils demuestra las consecuencias del absentismo del Estado durante años en Cataluña y que los separatistas están dispuestos a llegar hasta el final. Cuando uno o varios terroristas permanecen huidos y ni siquiera se sabe el número exacto de víctimas mortales, una cosa sí está meridianamente clara para los ciudadanos de Cataluña: la Generalidad no altera sus planes de ruptura. De hecho, la matanza de las Ramblas, el atentado de Cambrils y el desbarajuste general son el escaparate en el que la Generalidad exhibe la supuesta eficacia de una administración a la catalana que evidencia la superioridad funcional de la inminente república frente al obsoleto y protocolario Reino de España.
Que Cataluña esté en el foco mundial por unos ataques terroristas lejos de suponer un problema para el bloque separatista se ha interpretado como una oportunidad propagandista para difundir que Cataluña ya es un Estado de facto con una policía, los Mossos, y unos líderes, Puigdemont y el consejero de Interior Forn, que les dan sopas con hondas al Rey, a Rajoy y al ministro de Interior. Hasta la muerte en Cataluña es mejor. Igual que las chapuzas.
El presunto conductor de la furgoneta de las Ramblas supuestamente sigue huido, el laboratorio de drogas de Alcanar es ahora el polvorín del Estado Islámico en Cataluña, las mezquitas salafistas que no eran peligrosas ahora están en el punto de mira porque el inductor de los crímenes debió ser el imán de Ripoll, según los familiares de los terroristas, los bolardos no eran necesarios y el Ayuntamiento y la Generalidad preparan una manifestación a la que no va a ir la CUP, socios parlamentarios de Puigdemont y Junqueras, porque acusan al Rey y al capitalismo mundial de haber financiado los ataques. La barbaridad consiste en que ni el PDeCAT ni ERC, cuyos prebostes conversaban en pose distendida con Rajoy, Sáenz de Santamaría y el mismo Felipe VI en la Sagrada Familia, no han objetado nada.
No es la Generalidad ni sus altos cargos quienes van a chocar con el Estado, sino la ciudadanía, irremediablemente dividida, conmocionada y abandonada a su suerte porque tras los ataques el Gobierno se pliega a la exigencia de la Generalidad de que ni un solo soldado salga a la calle, estampa habitual en Londres, París y Berlín. Hasta la vida y la seguridad ciudadana son monedas de cambio en el tablero político español. Rajoy descarta sacar al Ejército y la Generalidad responde desmintiendo al ministro de Interior por medio de un comisario regional que insiste en que la Guardia Civil y la Policía Nacional no pintan nada en Cataluña.