Pocas veces un representante político ha puesto negro sobre blanco con tanta claridad la miseria moral y el sectarismo de los de su ideología, el progresismo. Con la arrogancia de quien sabe que nadie le pedirá cuentas por una de las declaraciones más antidemocráticas de nuestra historia moderna, el líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, ha dejado claro que, en su opinión, los miembros del Opus Dei no deberían ocupar cargos públicos.
Está de más preguntarse quién se cree que es Tomás Gómez para dictarnos quién puede y quién no puede ocupar un cargo. Es de izquierdas. Es progresista. Es de los buenos. Así que puede mostrar al dictador que lleva dentro sin ningún rubor y sin consecuencia alguna para él. No duden de que seguirá dándonos lecciones de democracia mientras tenga capacidad para hacerse oír. Porque él y los suyos son la democracia, y quienes discrepan ni siquiera deben tener derecho a presentarse a unas elecciones y recibir votos.
Resulta especialmente revelador que su partido sea responsable de que los etarras hayan regresado a las instituciones democráticas. Obviamente el PSOE considera más digno de un cargo en una democracia a un terrorista que acaba de dejar en casa la pistola y la dinamita que a una persona religiosa, presumiblemente de derechas –qué asco–, y perteneciente a una prelatura que busca la santidad en la vida común y corriente. Algo que choca con los principios y valores de los socialistas mucho más que las bombas y los tiros en la nuca, por lo que se ve.
Es ya un lugar común echarse las manos a la cabeza y preguntarse cómo es posible que unas declaraciones así, que en un país serio darían lugar a la expulsión inmediata de la vida pública a quien las profiriese, hayan colado sin que siquiera algún portavoz del Partido Popular haya expresado una leve objeción. Porque esto no tiene nada que ver con el Opus Dei. Tiene que ver con la voluntad de restringir las libertades democráticas a los grupos señalados por el dedo acusatorio de la izquierda. Con entender la democracia como un juego amañado en el que sólo unos tienen derechos y los demás sólo obligaciones y, en concreto, la de rendirles pleitesía.
Con estas declaraciones, Tomás Gómez ha puesto de manifiesto su miseria moral y política; y aunque sin duda el PP madrileño agradecería su permanencia en el cargo durante todo el tiempo que sea posible, ha demostrado su completa incompatibilidad con el sistema democrático. Nadie lloraría su marcha.