Tras una instrucción inacabable, a causa de los tres años que el asunto durmió en el juzgado del exjuez Garzón, la Sección Tercera de la Audiencia Nacional decidió esta semana abrir juicio contra los mandos policiales de la época de Rubalcaba en el Ministerio del Interior Enrique Pamiés y José María Ballesteros por el chivatazo a ETA cometido en el bar Faisán. Por su parte, la Fiscalía de la Audiencia Nacional formuló ayer su obligado escrito de acusación pidiendo que los dos encausados sean juzgados por un delito de revelación de secretos o, alternativamente, por colaboración con banda armada.
Lo asombroso del documento de este último órgano, obra del fiscal Javier Zaragoza, es que el firmante advierta de que esa última calificación –colaboración con banda armada– se formula únicamente porque así lo ha exigido el fiscal general del Estado en uso de sus atribuciones legales. Torres Dulce, faltaría más, ha hecho valer su autoridad para evitar la desactivación completa de un proceso ya de por sí vergonzosamente atenuado, pero lo que no se comprendería es que mantuviera a Zaragoza, abierto opositor a la interpretación legal de su superior jerárquico, en un cargo tan sensible como la Fiscalía de la Audiencia Nacional después de este episodio.
El caso Faisán en su conjunto ha sido una chapuza jurídica desde el principio por sus evidentes implicaciones políticas. En plenas negociaciones del Gobierno socialista con la banda terrorista, alguien con información y recursos decidió que no era conveniente acabar con el aparato de extorsión de la banda, para lo cual se informó a sus responsables de la inminente operación conjunta entre España y Francia que iba a acabar con la detención, entre otros, del dirigente del PNV Gorka Aguirre. Pamiés y Ballesteros fueron los encargados de ejecutar esta acción que constituye a todas luces la colaboración del Estado con una banda terrorista, hecho de una gravedad sin precedentes, pero ni la Fiscalía ni el juez instructor han tenido a bien extraer las lógicas conclusiones e imputar a los responsables políticos del Gobierno de Zapatero, los únicos con capacidad para tomar una decisión de esa envergadura.
Tal vez de haber estado Torres Dulce al frente de la Fiscalía General del Estado las imputaciones habrían alcanzado los escalones superiores del Ministerio de Interior de Zapatero, el único lugar desde el que se podía ordenar a la Policía la comisión de un delito de esa magnitud. Sin embargo, a estas alturas del proceso ya sólo queda confiar en que la Justicia alcance a los dos obedientes mandos que aceptaron manchar su nombre y sus cargos, únicos implicados, pero sobre todo en que sirva para limpiar una Fiscalía de la Audiencia Nacional de personajes capaces de actuar como lo ha venido haciendo todos estos años el ínclito Zaragoza.