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EDITORIAL

Tragedia en Santiago

Lo más sensato en este momento es dejar que jueces y técnicos trabajen con tranquilidad, sin estar sometidos presiones mediáticas o políticas.

El terrible accidente ferroviario ocurrido en las cercanías de Santiago de Compostela ha dejado ochenta fallecidos, cifra que por desgracia puede aumentar dado que treinta y cinco de los pasajeros del Alvia siniestrado se encuentran todavía hospitalizados en estado crítico. Se trata del primer accidente ferroviario ocurrido en una línea de alta velocidad, que por sus propias características ha acabado convirtiéndose en una enorme tragedia con la pérdida de numerosas vidas humanas.

España entera está de luto, se solidariza con el dolor de los familiares de las víctimas mortales y desea la más pronta recuperación a los heridos, pero es necesario destacar el ejemplo del pueblo gallego que, todavía sobrecogido por la catástrofe, no tardó en dar muestras de su solidaridad colaborando con los servicios médicos en todo aquello que estaba en su mano, con donaciones masivas de sangre antes incluso de que se formulara cualquier petición oficial. Ninguna otra reacción hubiera sido comprensible. También los distintos servicios de salvamento y orden público han demostrado estar a la altura de las circunstancias, desplegando una labor incansable y abnegada durante las largas horas que siguieron el siniestro hasta que el último herido fue trasladado para recibir la correspondiente atención hospitalaria.

Es evidente que un accidente de esta magnitud ha de ser investigado concienzudamente, tanto por su gravedad como por las complejidades que conlleva desentrañar las causas de un siniestro de estas características. Las autoridades tienen ahora la misión de determinar qué terrible conjunción de causas ha podido desencadenar tal catástrofe, colaborando con la autoridad judicial como de hecho llevan haciendo desde el mismo momento en que finalizaron las labores de salvamento. Hay que llevar a cabo una investigación minuciosa con la tranquilidad necesaria, no sólo para delimitar las responsabilidades a las que haya lugar llegado su momento, sino también y muy especialmente para mejorar los procedimientos técnicos y humanos con vistas a evitar en el futuro situaciones similares.

Por desgracia, por más que los avances en el control de transporte de viajeros en medios modernos como la alta velocidad ferroviaria establezcan estándares muy exigentes en materia de seguridad, es imposible garantizar la ausencia completa de riesgos como por desgracia se ha puesto de manifiesto en las vías de Santiago de Compostela. Finalmente la Justicia establecerá con ayuda del criterio de los especialistas las causas del accidente y, eventualmente, el grado de responsabilidad que haya que atribuir a las personas y entidades involucradas. Lo más sensato en este momento es dejar que jueces y técnicos puedan trabajar con tranquilidad, sin estar sometidos a las presiones de juicios apresurados que en nada van a ayudar a la resolución rápida y eficiente de un caso tan complejo.

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