Ya podrá José Antonio Griñán alegar "razones personales y familiares" para justificar su decisión de dejar a "finales de agosto" la presidencia de la Junta, que a nadie se le escapa –incluidos muchos destacados miembros del PSOE– que su precipitada marcha está decisivamente relacionada con el monumental escándalo de los ERE en general y con la comparecencia ante la juez Alaya del ex interventor de la Junta, Manuel Gómez Martínez, muy en particular.
Todo el mundo es consciente de que la declaración que haga este interventor –comparecencia que la propia Junta ha querido infructuosamente evitar a toda costa– puede ser determinante para que la instructora eleve una pieza a una instancia superior por la presunta responsabilidad de aforados –entre ellos, el propio Griñán– en los gravísimos hechos que se investigan.
Con independencia de que termine o no siendo imputado, el hecho es que el propio Griñán, al ser preguntado por los ERE, ha manifestado que su decisión de dejar la presidencia permitirá que este monumental escándalo no afecte a la vida política en Andalucía. "Los ERE tienen un cauce judicial, y la política consiste en decir a los andaluces qué se quiere para Andalucía", ha manifestado.
Naturalmente que el caso de los ERE tiene, afortunadamente y muy a su pesar, un "cauce judicial"; pero tiene además, como también ocurre con el caso Bárcenas, una dimensión política y de primera magnitud. Si Griñán hubiera querido de verdad que el caso de los ERE no afectase políticamente a la futura gobernabilidad de Andalucía, lo que debería haber hecho es haber presentado su dimisión como una asunción de la responsabilidad in vigilando que, como mínimo, le corresponde por este insuperable expolio de dinero público. A continuación, habría promovido un auténtico proceso de primarias, abierto también a políticos nuevos y ajenos a los tejemanejes de los gobiernos de Chaves y del propio Griñán. Eso, por no hablar de una convocatoria anticipada de elecciones donde todos los andaluces, no solo los militantes socialistas, pudieran pronunciarse.
En lugar de eso, Griñán nos ha presentado su renuncia como si fuera algo tan ajeno a los ERE como pretende estarlo él mismo; todo para designar a continuación, y mediante un simulacro de primarias, como heredera a una persona de su total confianza como es su hasta ahora consejera de Presidencia e Igualdad, Susana Díaz.
Esta joven de 38 años, a quien no se le conoce actividad profesional alguna que no sea la política tras dedicar más de diez años a completar su carrera de Derecho, no es más que la típica representante de un régimen que no ha hecho más que entorpecer el desarrollo económico y favorecer la corrupción política en Andalucía. Presidirá, sin que la hayan votado ni los andaluces ni sus compañeros de partido, un Gobierno continuista que no tiene más base que "el pacto entre perdedores" que se conformó tras las últimas elecciones. En definitiva, el relevo al que estamos asistiendo al frente de la Junta no significa, desgraciadamente, nada más que el típico cambio para que todo siga igual.