Por mucho que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, haya insistido repetidamente en que "la forma política de Estado no está en el orden del día", la sesión parlamentaria celebrada este miércoles en el Congreso para someter absurdamente a votación la abdicación del Rey, no ha sido otra cosa, tal y como era previsible, que un debate entorno a la monarquía y la república. Así, los nacionalistas y la extrema izquierda han aprovechado la ocasión para organizar diferentes numeritos circenses que han ido desde la exhibición de carteles a favor de un referéndum por parte de los representantes de IU hasta la proclamación de la "república de Cataluña" por parte de ERC, pasando por la exhibición de una ikurriña al grito de "gora Euskalherria askatuta" del representante de los proetarras de Amaiur.
Habida cuenta de que la abdicación es un acto personalísimo del Rey que sólo al Monarca corresponde decidir, y teniendo presente también que no existen dudas de hecho ni de derecho en torno a un orden de sucesión a la Corona claramente establecido en la Constitución, sucesión que opera de manera automática por mandato de la misma, el único sentido que tenía la elaboración, discusión y votación de una ley orgánica, tal y como la que contempla el articulo 57.5 de nuestra Carta Magna, era el desarrollo y regulación del estatus jurídico y el tratamiento de la persona que ha dejado de ser Rey por razón distinta al de su fallecimiento. Sin embargo, dado el empeño de Rajoy y del ministro Gallardón en no ver estos aspectos legales como directamente motivados y vinculados a la abdicación de Don Juan Carlos, y posponer su regulación para "más adelante" y "mediante un real decreto", hemos llegado al absurdo de ver que lo que se sometía a votación en el Congreso no era más que la renuncia misma del Rey.
Como en parte bien ha señalado Alfredo Pérez Rubalcaba, "¿Se imaginan si dijéramos que no? Llegaríamos al dislate de que el Rey debe seguir siéndolo aunque él no quiera". Pues bien. Por mucho que la abdicación del Rey haya contado con un respaldo abrumadoramente mayoritario, no deja de ser un disparate que el Gobierno haya vacíado de contenido la ley orgánica de abdicación hasta el extremo de someter a votación algo sobre lo que las Cortes Generales no tienen constitucionalmente competencia, como es aprobar o denegar la abdicación de la Corona.
Algunos tratarán de justificar la decisión del Gobierno de vacíar de contenido la ley órganica de la abdicación diciendo que así se evita las críticas demagógicas a la Monarquía en asuntos más espinosos como pueden ser la previsible persistencia de la no responsabilidad de Don Juan Carlos en los actos que llevara a cabo siendo Rey y la futura condición de aforados tanto de él como de Doña Sofía. Sin embargo, el hecho de que estos asuntos se traten más adelante y mediante real decreto no evitará nuevos numeritos circenses y demagógicos como los que ya hemos asistido con la aprobación de esta sorprendente ley orgánica. Eso, por no hablar del tiempo durante el cual Don Juan Carlos perderá su blindaje judicial hasta que el Gobierno se decida a aprobar por real decreto lo que hoy no ha querido aprobar mediante Ley Orgánica.