Ante la perspectiva de que el Tribunal Constitucional pueda tumbar o incluso simplemente recortar el "Estatuto" catalán, los dirigentes nacionalistas –empezando por el presidente de la Generalitat, el socialista José Montilla– han lanzado en los últimos días una nueva oleada de presiones, amenazas y anuncios de desacato que dejan en evidencia –casi tanto como el propio engendro soberanista que respaldan– su monumental desprecio hacia la Ley de leyes que rige nuestro sistema democrático y hacia el Tribunal que se supone ha de velar por su cumplimiento. No otra cosa son las declaraciones de Montilla en las que afirma que "no renunciaremos a defender ni a alcanzar ninguno de los objetivos del Estatut que nos tiene que permitir avanzar nacionalmente. Es nuestra ley y nuestra voluntad". En términos muy parecidos se han pronunciado los representantes de CiU y del resto de formaciones que conforman el Tripartito. La más sonora, dejando al margen la del presidente Montilla, ha sido la del vicepresidente Carod Rovira, que ha venido a afirmar que si la sentencia es adversa al Estatuto, Cataluña se planteará no seguir en España.
Por mucho que estas amenazas, más propias de golpistas que de dirigentes supuestamente democráticos, nos recuerden a aquel "drama" con el que Maragall nos amenazaba si las Cortes Españolas no aprobaban el estatuto de marras, lo cierto es que los nacionalistas están demostrando no sólo de palabra sino también con hechos su desprecio a lo que pueda dictaminar el Alto Tribunal. Prueba de ello es la puesta en marcha este lunes del nuevo Consell de Garanties Estatutàries, una especie de Tribunal Constitucional propio cuyo cometido es determinar soberanamente si las leyes catalanas se ajustan al Estatut y a la Constitución, además de arrogarse la última palabra en los recursos de competencias que puedan plantearse ante el Constitucional.
Hay quienes denuncian "la falta de prudencia" del gobierno nacionalsocialista de Montilla al no esperar a que el Tribunal Constitucional se pronuncie para poner en marcha este "Tribunal" que, tal y como sucediera también con la Ley de Educación, supone efectivamente la independencia de Cataluña de las instituciones del Estado. Sin embargo, y por mucho que también sea bochornosa la tardanza del TC para pronunciarse, ¿qué sentido tiene que esperen a su sentencia quienes ya adelantan su nula voluntad de acatamiento en el caso de que esta les contraríe?
Y es que llegados a este punto, el problema que se le plantea a España como nación y como Estado de Derecho ya no es sólo la tardanza de los magistrados en emitir una sentencia, sino las nulas garantías que ofrece el Gobierno de la nación para llegado el caso hacerla efectiva. Recordemos que ha sido el presidente del Gobierno español el que ha avalado este engendro aun cuando su otro gran impulsor, el ex presidente catalán Pasqual Maragall, ha reconocido públicamente que es inviable sin una "reforma previa" de la Constitución. El problema está en un Gobierno español que, por no perder el favor de sus aliados secesionistas y de los propios socialistas catalanes, no sólo cuestiona la nación española como "concepto discutido y discutible", sino que pasa de puntillas ante unos desafíos a la legalidad vigente que encenderían todas las alarmas en cualquier otro país de nuestro entorno. No otra cosa es lo que ha hecho Zapatero ante los exabruptos de Montilla y del resto de dirigentes nacionalistas al limitarse a decir que "las cosas discurrirán razonablemente bien". ¿Le parece acaso a Zapatero que ese "desacato preventivo" que están anunciando y ejecutando sus compañeros de partido y aliados de Gobierno es base o anticipo para suponer que las cosas discurrirán "razonablemente bien" en el futuro? ¿O es que Zapatero piensa que lo tiene todo atado y bien atado como para que los magistrados acepten el pulpo como animal de compañía? En cualquier caso, visto el escaso dique que, con o sin sentencia del TC, supone Zapatero para las pretensiones secesionistas, a nadie deberia extrañar que los nacionalistas no esperen.