Diversos medios de comunicación han informado este lunes de contactos mantenidos en secreto entre el Gobierno y Batasuna para lograr una nueva e inminente tregua de ETA. Según el diario El Mundo, el Gobierno y la organización terrorista estarían en fase de negociación de una tregua, cuya fecha estaría “prácticamente fijada” y que se haría pública en “los próximos tres meses”. La Razón, por su parte, habla de “las gestiones de un intermediario que actuaba en nombre del Gobierno socialista, llevadas a cabo durante el mes de agosto con la banda terrorista ETA y que han sido "fructíferas". Finalmente, el diario El País se limita a afirmar –tal vez, para no dejar en evidencia la filtración y, al tiempo, la opacidad del Gobierno– que Zapatero estaría reclamando a Batasuna que presione a la organización terrorista para que “abandone las armas”.
Que el Gobierno ofrezca a ETA la impunidad de sus presos y negociar con su brazo político la reforma del Estatuto de Guernica es algo que, con independencia de estas informaciones, se convertía en una posibilidad lógica tras la negativa del Gobierno a ilegalizar a los batasunos del PCTV o tras la infame resolución parlamentaria aprobada el pasado mes de mayo en el que se ofrecía “diálogo” a la organización terrorista. Lo que queda ahora en evidencia es cómo el Gobierno está ocultando la información, tanto a la opinión pública como al principal partido de la oposición, de esos contactos; por no hablar de cómo el diario progubernamental reconoce y maquilla, al tiempo, lo que El País llama “una solución para los presos de la organización terrorista y la puesta en marcha de una mesa de partidos sobre la reforma del Estatuto de Gernika con la participación de una Batasuna que estaría en condiciones de ser legalizada de nuevo”.
En cualquier caso, con tregua o sin ella, a oscuras o con luz, con comunicados oficiales o con filtraciones a los medios, conviene insistir y denunciar que la senda por la que circula el Gobierno para pactar con ETA vulnera el Estado de Derecho y no hace más que darles balones de oxígeno y de esperanza a los terroristas. Que el diario El País señale que “fuentes socialistas vascas” consideran que “el cumplimiento de la ley no puede abstraerse del contexto en que se aplica", y traten de justificar semejante aseveración “invocando el artículo 3 del Código Civil”, ya son ganas de ignorar o de tergiversar lo que dice el Código Civil, que en ningún momento justifica la oferta de diálogo y de impunidad del Gobierno a quienes la Ley, en todo momento, exige apresar y encarcelar.
