Uno de los más recurrentes ardides con el que la clase política de nuestro país —con el respaldo de la mayoría de los medios de comunicación— ha camuflado su ingenuidad y su error por haber intentado negociar en repetidas ocasiones con una organización terrorista como ETA, ha sido la de calificar de “trampa” todas las ofertas de tregua con la que los terroristas lograron por un tiempo que los representantes del Gobierno, en lugar de detenerlos, se sentaran con ellos a eso que los recalcitrantes en el error llaman “explorar la vía del diálogo con los criminales y requerirles la entrega de las armas”.
Sin embargo, es una estafa intelectual definir de “trampa” una tregua por el hecho de que esta solo se haya traducido por parte de ETA en un cese temporal de su actividad criminal, transcurrido el cual, los terroristas —viendo no alcanzados algunos o ninguno de sus objetivos— prosiguen sacudiendo el árbol. Decir que ETA hizo “trampa” por el hecho de que, pasados unos meses de su anuncios de tregua, sus matones volvieron a asesinar, no sólo supone ignorar lo que decía la banda en sus comunicados de marras, sino lo que significa “tregua” en nuestro diccionario. Una tregua es siempre, por definición, un cese temporal de hostilidades, por lo que la única “trampa” de la que cabria acusar a ETA por haber utilizado esta expresión, nace, en todo caso, de sus impropias connotaciones militares, pero no por el hecho de que el cese, —en realidad, terrorista y no bélico— haya durado sólo un tiempo determinado.
Por otra parte, otra sandez que ha alcanzado el rango de lo políticamente correcto es lo de la “entrega de las armas”, algo que no se exige a ninguna otra organización de delincuentes, pero que, a diferencia de ellas, abriría a ETA una privilegiada vía de diálogo con los poderes del Estado.
A nosotros no nos preocupa que la clase política y mediática de nuestro país pueda creerse que estamos en escenarios a los que aun ni siquiera hemos llegado. Lo que nos preocupa es que se vuelvan a contemplar escenarios en los que la respuesta del Gobierno y del Estado de Derecho puedan ser distintos ante el crimen y su castigo, dependiendo de la actitud futura de un grupo que lleva asesinado a casi un millar de españoles. Lo que nos preocupa es que persista, aunque sea de forma latente, el error de fondo que nuestra democracia no ha terminado de erradicar del horizonte como es el del “final dialogado de la violencia”. Porque si no hay nada que dialogar con ellos, ¿a qué viene cuestionarse si los terroristas van o no a entregar las armas, o si es sincera o falsa su disposición de tregua?
Para que un terrorista, en libertad e impermeable a cuestiones morales, deje de matar conforme a un Estado de Derecho sólo se tiene que convencer de la absoluta esterilidad política de sus atentados o bien de la certeza de unas penas que sean más gravosas e inexorables para él que la utilidad política que espera cosechar con sus crímenes. ¿Acaso se desespera un terrorista o le disuade el hecho de que la clase política le garantice algo apetecido a cambio de que deje de matar?
Zapatero, tras liar temporalmente a un Rajoy predispuesto, ha prometido a Otegui emprender futuros “esfuerzos por la paz si cesan de una vez el ruido de las bombas y de las pistolas”. Sin embargo, en lugar de insinuar así una impunidad futura y de tentar nuevamente a nuestro Estado de Derecho con un inaceptable y falso atajo para acabar con el terrorismo, los esfuerzos que debería haber hecho ya Zapatero son aquellos destinados a que los terroristas y el resto de los nacionalistas no burlen una legislación por la que nuestra democracia, tras tres décadas de crímenes, ha venido finalmente a proscribir la financiación pública y la representación política de los terroristas. Lo demás, no son esfuerzos por “la paz” sino volver a ofrecer balones de oxígeno en una fracasada e inaceptable vía de apaciguamiento.