Apenas una semana después de que se celebrara el trigésimo primer aniversario de la Constitución española, el nacionalismo catalán ha organizado toda una serie de consultas populares en diversos municipios de la comunidad autónoma para plantear a los ciudadanos catalanes si desean que esta región se independice de España.
Este proceso, que pretendía convertirse en la punta de lanza de un chantaje al resto de españoles para que acepten la imposición de un nuevo marco institucional por la decisión unilateral de una parte de España, contó con el apoyo unánime de todo la plana mayor del catalanismo más radical, sin excepción alguna. Y pese a ello, el fracaso ha sido rotundo: apenas un 30% del censo llamado a votar, lo ha hecho. Similar porcentaje al que apoyó en las urnas el inconstitucional estatuto que lleva varios años atascado en el Tribunal Constitucional.
Será que, en efecto, una parte minoritaria de la sociedad catalana, una oligarquía, ha secuestrado política, económica y socialmente al resto de la sociedad para, gracias al victimismo nacionalista, vivir a costa de ella y del resto de España. Un proceso de dominación contra el que, sin embargo, sólo se han rebelado unos pocos grupos heroicos que contrastan con la mansurrona indiferencia del resto de ciudadanos. Una muestra más de que entre los catalanes se encuentran exacerbados los rasgos característicos de la España actual: su anestesia y complaciente aceptación del intervencionismo político en todos sus órdenes.
Desde luego, mal casa el discurso nacionalista de que Cataluña se encuentra oprimida por el resto de España y de que sus ansias independentistas son un clamor social con la muy baja participación que ha tenido una consulta a la que tanto bombo se le había dado y sobre la que tantas expectativas habían depositado los radicales.
Con todo, tampoco habría que caer en la trampa nacionalista de pensar que estas consultas celebradas fuera de la legalidad, controladas por los secesionistas y pensadas para influir sobre las instituciones comunes de todos los españoles, poseen algún tipo de relevancia política. Puede que el nacionalismo no haya obtenido un éxito completo porque las cifras no han acompañado, pero desde luego sí ha logrado un éxito parcial derivado de la mera celebración de las consultas con la aquiescencia de los gobiernos español y catalán.
Sólo con el hecho de que haya imperado la "normalidad" en un acto dirigido a subvertir el régimen de libertades que permite su celebración, los catalanistas ya han obtenido el éxito mediático que buscaban para seguir cabildeando al PSOE y, a través de él, al Gobierno de la nación. La oligarquía catalana, minoritaria, alcanza buena parte de los objetivos que ambiciona y que explican su razón de ser: lograr una influencia sobre la vida del conjunto de los españoles muy superior a la que dictaría su representatividad dentro de la nación.
Porque, no debe olvidarse, este tipo de consultas se celebran presuponiendo que la nación española, la base del régimen constitucional, no existe: justo donde quiere llegar el nacionalismo. Pues tan inaceptable sería que un 30% de los catalanes decidiera sobre cuáles deben ser las pensiones de los gallegos como que ese 30% quiera modificar a su gusto la configuración y la legalidad del Estado español. Si se trocea la ciudadanía, se trocean las libertades: cualquier minoría de ciudadanos podría entonces escindirse y convertirse en una mayoría que pueda explotar a las nuevas minorías resultantes.
Ese era el fundamento inaceptable de la consulta que no ha sido atacado de manera suficiente por nuestras instituciones. De ahí que, sobre todo, ayer fracasara un régimen político que no ha sabido frenar el crecimiento del nacionalismo y que haya degenerado una partitocracia que más que combatir a quienes pretenden acabar con las libertades que supuestamente garantiza ese régimen, se alían entusiastas con ellos para así permanecer en el poder en lo que quede de España.