A pesar de sus denodados esfuerzos por encontrar apoyos de última hora y a pesar de los cinco aplazamientos que para ello ha sufrido su votación, el Gobierno finalmente no ha podido evitar el rechazo de todos los partidos de la oposición a la llamada "ley Sinde" en la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso. El más elemental sentido del decoro democrático debería llevar a la ministra de Cultura a presentar su inmediata dimisión y al Gobierno a renunciar a esa parte de la Ley de Economía Sostenible que ahora irá al Senado, en donde se debatirá en el primer pleno del año de la Cámara Alta, el próximo 18 de enero.

Si el Gobierno creía que bastaba con invocar la innovación, el respeto al medio ambiente, el empleo de calidad, la igualdad de oportunidades o la cohesión social para que la Ley de Economía Sostenible se convirtiera en un instrumento concreto y eficaz para combatir la crisis económica, con la llamada "ley Sinde" ha tratado de colar en este inútil, confuso y disperso batiburrillo de presuntas buenas intenciones un peligrosísimo mecanismo de censura en internet, con la excusa de preservar los derechos de autor y la propiedad intelectual.

Ninguna valoración menos crítica merece, ciertamente, esta mal llamada "ley antidescargas", que pretendía crear una comisión dependiente del Gobierno, a través del Ministerio de Cultura, encargada de establecer qué páginas web violaban la ley de propiedad intelectual. La disposición apenas decía nada sobre la composición y los detalles de tal comisión, que se dejaban a un "reglamento" que se iba a aprobar con posterioridad. La falta de seguridad jurídica y la amenaza que ello implicaba para la libertad de expresión en internet apenas se reducía con la intervención de la Audiencia Nacional, a la que se daban tan sólo cuatro días para que se pronunciara ante el cierre de unas paginas web que podía solicitar de forma cautelar dicha comisión, de cuya composición y funcionamiento –insistimos– nadie sabía nada.

Téngase en cuenta, además, que hasta ahora nada ha impedido a ningún ciudadano apelar a los tribunales si cree que determinada página web viola la ley de propiedad intelectual o cualquier otra ley de nuestro ordenamiento jurídico. La cuestión, sin embargo, es que los tribunales, para pronunciarse con conocimiento de causa y ante cuestiones que tanto pueden afectar a derechos fundamentales como la libertad de expresión, han requerido mucho tiempo más que el ridículo plazo que ahora le concedía la ley, afortunadamente, rechazada. La cuestión también es, tal y como oportunamente ha recordado el presidente de la Asociación de Internautas, Víctor Domingo, ante los micrófonos de esRadio, que dichos tribunales se han pronunciado, en todos los casos, a favor de la legalidad de la webs denunciadas. Si el Gobierno, a la luz de estos sobreseimientos o sentencias absolutorias, considera que los derechos de autor no están bien protegidos –cuestión, por otra parte, muy discutible–, lo que debería haber hecho es modificar la ley de propiedad intelectual, y no crear –tal y como pretendía– un comisariado político que coarte la tutela judicial efectiva que corresponde a los tribunales de justicia.

Finalmente, y con total independencia de lo que pase ahora en el Senado, lo que ya ha quedado en evidencia es la insostenible soledad de este Gobierno y su empecinamiento por satisfacer sus pulsiones liberticidas tanto como a minoritarios grupos que le han apoyado electoralmente en el pasado (por ejemplo el llamado "sindicato de la ceja"). No negamos que, tirando de chequera, el PSOE pueda obtener más adelante el apoyo de algún grupo nacionalista que ahora le ha dado la espalda. Pero ello sólo contribuirá a prolongar un poco más la agonía de un Gobierno y, sobre todo, de una ministra de Cultura vaciada ahora de toda competencia. Cada día que pasa, cada humillación adicional a las que se someten y a las que someten a todo el país, queda claro que el Ejecutivo socialista es lo realmente insostenible para nuestro país.