El pleno del Parlamento catalán ha aprobado, con 85 votos de CiU, ERC, ICV y uno de la CUP, una declaración de soberanía que proclama a Cataluña "sujeto político y jurídico" y acuerda iniciar un proceso que haga efectiva su autodeterminación mediante una no menos ilegal consulta secesionista.
Ni que decir tiene que una declaración así supone todo un golpe institucionalizado contra la soberanía nacional, que reside en el pueblo español y que está en la base de nuestra Constitución y de todo nuestro ordenamiento jurídico. Lo mismo cabe decir de la consulta secesionista que aquélla viene a impulsar.
Sin embargo, lo más urgente en estos momentos es denunciar la pasividad del Gobierno Rajoy, sin la cual no se explica que un Parlamento y un Gobierno regionales se hayan decidido a situarse al margen de la legalidad, con la convicción, además, de que pueden hacerlo con total impunidad.
Si Artur Mas ha llegado a la convicción de que no se sentará en el banquillo por los delitos (de usurpación de atribuciones, desobediencia o prevaricación) que entraña la celebración de una consulta secesionista como la contemplada en la declaración soberanista es porque a ello le han conducido la pasividad y el silencio de la Fiscalía General del Estado, dependiente del Gobierno, y las propias declaraciones Rajoy y sus ministros.
Si Artur Mas ha llegado a la convicción de que su desafío contra la soberanía nacional y el Estado de Derecho no va a ser impedimento para que el Gobierno del PP le siga auxiliando financieramente, a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), no es porque se haya vuelto loco, sino porque a ello le han conducido las palabras y, sobre todo, la manera de proceder del presidente del Gobierno de la Nación.
Desde el mismo momento en que Artur Mas exigió a Rajoy la concesión de un inconstitucional concierto económico so pena de celebrar una consulta por la secesión, el presidente del Gobierno debió dejar en suspenso toda ayuda financiera a la Generalidad, hasta que sus reclamaciones fuesen compatibles con la Constitución. Asimismo, debió pedir a la Fiscalía General del Estado que advirtiese de las consecuencias penales concretas a las que se enfrentarían las autoridades que celebrasen ese tipo de consulta sin autorización de las Cortes Generales.
Rajoy, sin embargo, prefirió ocultar el chantaje para "evitar polémicas" y dedicó –como también va a hacer este año– la mayor parte del FLA a ese Gobierno regional en rebeldía. Esta insensata e irresponsable actitud, lógicamente, ni ha aplacado los impulsos secesionistas ni, dicho sea de paso, ha impedido que Mas incurra en un nuevo incumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
El Gobierno, como buena parte de la prensa afín al PP, decidió confiar ingenuamente en que el revés electoral de CiU en las autonómicas llevaría a Mas a olvidarse de su desafío soberanista. Al constatar que no, que el resultado de las elecciones le reafirmaba en la apuesta soberanista, el PP de Rajoy y Sánchez-Camacho confió, con no menor ingenuidad, en que la supuestamente moderada UDC de Duran Lleida –salvada en el caso Pallerols por una bochornosa sentencia de conformidad aprobada por la Fiscalía– convencería a sus socios de no seguir en la senda secesionista.
No menos denunciable es la persistente pasividad del PP a la hora de combatir a los nacionalistas en el decisivo terreno de las ideas y de la comunicación política. De hecho, el PP ha llegado a hacer suya la falacia nacionalista de que el déficit de la Generalidad se debe no al despilfarro al que abocan las duplicidades y los delirios identitarios del Gobierno de CiU, sino al hecho de que no disfruta de soberanía fiscal.
Ya aprobada la gravísima declaración de soberanía, con el apoyo de la supuestamente moderada formación que lidera Duran Lleida, no podemos valorar la reacción del Gobierno de Rajoy. Pues no se ha producido todavía.
En cualquier caso, es evidente que los nacionalistas pincharon y notaron blando. ¿Ha de extrañar que sigan, con renovados bríos, en su empeño?