Cerrado el plazo para presentar propuestas de cara a la renovación de la cúpula de RTVE, con la abstención del PSOE a presentar un candidato, todo hace indicar que el próximo encargado de dirigir la cadena estatal será Leopoldo González Echenique, designado por el Partido Popular para su elección por el pleno del Congreso de los Diputados.
Sobre la idoneidad o no de tal elección no cabe hacer conjeturas, dado que González Echenique está inédito en tareas similares. Más importante es conocer el mandato que el Gobierno le va a imponer acerca del rumbo que quiere imprimir a una corporación pública de medios audiovisuales, que a estas alturas es un anacronismo insostenible y, además, muy caro.
Sólo en el área de televisión, en estos momentos RTVE cuenta con dos canales generalistas además de los temáticos Clan TV, Teledeporte y 24 horas. A esas cinco cadenas nacionales hay que añadir los centros de producción territorial repartidos por las comunidades autónomas –con dos canales para TVE "Catalunya" (sic)– y el Canal Internacional, que a su vez tiene emisiones independientes para Europa, Asia y dos canales para América.
La existencia de semejante entramado mediático es injustificable sean cuales sean las condiciones económicas del país, porque ya existen iniciativas privadas en número más que suficiente para cumplir esa función que el Gobierno boicotea con sus medios practicando una competencia desleal. Mucho menos presentable resulta en estos momentos, en que la crisis económica está obligando a realizar economías e importantes esfuerzos fiscales a todos los ciudadanos a los que la corporación pública de radio y televisión no puede resultar ajena.
El caso de RTVE es todavía más ofensivo, por cuanto la mayor parte de la programación que ofrece no se realiza con sus recursos técnicos y humanos sino que es adquirida a productoras privadas, generalmente bien relacionadas con el poder, con el grave escándalo que en ocasiones ha originado esta peculiar gestión del ente.
Los españoles no tenemos por qué mantener nueve canales de televisión pública, que ofrecen en su mayor parte espacios adquiridos a precios elevados para competir con las cadenas privadas cuya programación mimetizan. Los gobiernos anteriores jamás debieron dar lugar a este desarrollo elefantiásico de un servicio perfectamente prescindible, pero consumado el despropósito, cabe exigir al mismo ejecutivo que ha subido impuestos y dice luchar contra el gasto excesivo de la administración que ponga fin de una vez a esta lacerante situación.
Si Rajoy ha abierto la puerta a la privatización de las inútiles televisiones autonómicas, lo que resulta todo un acierto, qué mejor ejemplo para las comunidades que hacer eso mismo de forma inmediata con la mayoría de los canales televisivos que ahora mantenemos con cargo al presupuesto. Ahora que va a ser nombrado un nuevo responsable de la corporación, es el momento de zanjar de una vez el desatino en que ha acabado convirtiéndose RTVE. Ninguna otra misión podría ser más acertada como encargo principal del nuevo equipo gestor.