En contra el sentido común y económico más elemental, Gallardón antepuso sus intereses personales a los de una endeudadísima Villa de Madrid al buscar en 2016 lo que perdió en 2012: un sueño frustrado que no eran tanto los Juegos Olímpicos como su promoción a la presidencia del PP nacional y de ahí a La Moncloa.
El sentido común aconsejaba esperar tras la primera negativa. Lograr los Juegos cuatro años después de haberlos perdido se antojaba complicado, especialmente si en 2012 la ciudad encargada de organizarlos, Londres, se encuentra en el mismo continente que Madrid. La norma no escrita del COI promueve la rotación continental y no era probable que se fuera a modificar para mayor gloria de Gallardón; así lo comprendió París, que no volvió a presentarse en esta ocasión tras salir derrotada en 2012 (esperando su mejor oportunidad en 2020). Por consiguiente, si organizar los Juegos Olímpicos de 2016 era una meta extraordinariamente complicada y que podía dar al traste con las legítimas aspiraciones olímpicas de Madrid no ya para esta edición sino para las venideras, ¿por qué entonces se embistió contra el sentido común y se lanzó una apuesta tan arriesgada?
Simplemente porque así lo exigían las ambiciones presidenciales de Gallardón. En su megalomanía no escatimó en medios para volver a generar falsas expectativas entre la sociedad española en torno a un proyecto que en realidad era el suyo particular. Los madrileños y, en general, los españoles avanzaron al compás de las necesidades del alcalde de la capital y es en él en quien deben centrarse las responsabilidades de este fracaso. No otra cosa cabe decir de un programa tan personalista que llegó a subordinar la arquitectura, las ilusiones y la prosperidad de toda una ciudad a la financiación de la campaña electoral de Gallardón para las primarias y las generales.
Porque, no conviene olvidarlo, Madrid 2016 también iba en contra del sentido económico más básico. En medio de la crisis económica más grave de los últimos 80 años, no era de recibo que un municipio que acumula una deuda de 7.000 millones de euros –el 25% de toda la deuda de las ciudades españolas y nueve veces superior a la del siguiente consistorio más endeudado, Valencia– gracias a que el propio Gallardón se ha encargado de multiplicarla por cinco desde 2004, concertara todavía más obligaciones que, en su inmensa mayoría, no suelen terminar recuperándose. Simplemente es un lujo que, tras años de manirrota administración de Gallardón, los madrileños –y por extensión los españoles– no se podían permitir en estos momentos. En otro contexto y con otros niveles de deuda, posiblemente; pero en los actuales habría sido todo un suicidio para las arcas públicas.
Pero pese a las pocas probabilidades con las que contaba Madrid y a sus deterioradas cuentas, el alcalde tampoco se autolimitó a la hora de realizar cuantos fastuosos desembolsos fueran necesarios para ingresar las olimpiadas dentro de su activo político. Y ahora, tras soportar unos cuantiosos gastos promocionales que han terminado cayendo en saco roto, ¿quién va a asumir tan desproporcionados costes?
Pocas dudas caben de que quienes cargarán con el pago monetario de los mismos serán los españoles y, sobre todo, los madrileños. Pero habría que ir más allá. Los gestores empresariales que sistemáticamente despilfarran el dinero de los accionistas y que además fracasan en sus propósitos, suelen replantearse su papel dentro de la empresa o, en caso contrario, son los propios accionistas quienes los mueven a la reflexión. En este caso, el propio Gallardón prometió asumir las correspondientes responsabilidades si Madrid no salía elegida: y no era para menos, dado que como decimos fue un envite personal subordinado a sus objetivos políticos. Así las cosas, va siendo hora de que cumpla con su palabra.