La acertada iniciativa de Rajoy en esta precampaña electoral ha vuelto a quedar de manifiesto al presentar durante un acto en Sevilla las líneas básicas del programa del PP en materia de Seguridad Ciudadana, uno de los problemas que más se han deteriorado y que mayor preocupación despierta entre los ciudadanos. El plan presentado por el candidato popular no se limita a una recurrente –y a menudo innecesaria– oferta de un mayor número de agentes policiales, sino que abarca toda una propuesta de necesaria reforma legislativa y judicial.
El problema de la delincuencia, en general, y de la delincuencia juvenil en particular, está en España mucho más relacionada con las carencias de nuestro sistema de administración de Justicia que con una hipotética falta de recursos humanos en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Por ello, no podemos dejar de celebrar que, junto al compromiso de incorporar 30.000 nuevos agentes a la Policía y a la Guardia Civil y de homologar sus retribuciones a los de las policías autonómicas, Rajoy se haya comprometido a llevar a cabo varias reformas, como la que se propone acabar con la cuasi impunidad que, gracias en parte a la actual Ley del Menor, gozan los delincuentes cuando son menores de edad.
Así, Rajoy ha propuesto aumentar las penas de la delincuencia extrema cometida por jóvenes de entre 16 y 18 años, y facilitar que ingrese en prisión al cumplir los 18 años el menor que tuviera 16 o 17 años al cometer el delito. También se propone atajar problemas de índole procesal tales como los que plantean la prescripción de delitos y faltas, el tiempo máximo de duración de la medida cautelar de internamiento, la imposibilidad de celebrar la audiencia en ausencia del menor, o la injusticia que supone la vigente imposibilidad que tienen victimas y perjudicados de personarse como acusación particular cuando el acusado es menor de edad.
Al margen de la delincuencia juvenil, Rajoy se ha comprometido a incrementar penas o agravantes frente a delitos como pederastia, racismo y xenofobia, asaltos a viviendas habitadas o a establecimientos comerciales, corrupción, violencia de género –en especial cuando se incumpla una orden de alejamiento– y nuevas formas de delincuencia.
Tampoco se olvida la propuesta del PP de introducir necesarios cambios en el régimen penitenciario, empezando por dotar a la Administración del personal y de las infraestructuras necesarias para hacer frente al incremento de la población reclusa.
El PP también se compromete a modificar la Ley General Penitenciaria y su reglamento, revisando, entre otras cuestiones, las condiciones existentes para alcanzar el tercer grado, el régimen de permisos a delincuentes contra la libertad sexual, el régimen interior de algunos presos, especialmente de aquellos con delitos violentos, o el cumplimiento de la pena por los reclusos extranjeros en sus países de origen.
Finalmente, no queremos dejarnos en el tintero el compromiso del PP de extender los juicios rápidos y hacer una ley de enjuiciamiento criminal que simplifique los procedimientos.
Frente al buenismo progresista, que trata de trasladar a la sociedad la culpa del delincuente, Rajoy se compromete, en definitiva, a utilizar todos los recursos del Estado en favor de una de sus principales obligaciones, como es la de preservar la seguridad ciudadana.
