Es cierto que el reglamento del Parlamento de Cataluña –como el de cualquier otro lugar– contempla la posibilidad de la delegación de voto de los diputados; tan cierto como que lo hace exclusivamente para los casos de baja por paternidad, hospitalización, enfermedad grave o incapacidad prolongada debidamente acreditada, tal y como literalmente señala el artículo 93 de dicho reglamento.
Así las cosas, resulta una vergüenza amparar la delegación de voto de presuntos delincuentes que están en prisión preventiva como si su "incapacidad prolongada" para asistir al pleno fuera asimilable a la de un diputado que debiese guardar reposo por prescripción médica. Con todo, no es esta la actuación más bochornosa que ha protagonizado el presidente de la Mesa de Edad del Parlamento autonómico, el sobrevenido antifranquista Ernest Maragall, en la apertura de la XII legislatura catalana. Peor aún ha sido su intervención, en la que ha reivindicado el ilegal proceso secesionista, se ha solidarizado con los cabecillas del golpe encarcelados o fugados y ha acusado al Estado de "no saber ganar, no saber compartir" y "sólo saber derrotar, humillar y castigar". Como colofón a tan surrealista victimismo, el diputado de ERC ha reiterado el compromiso de las formaciones separatistas de seguir adelante, "midiendo mejor nuestras fuerzas y las del Estado y lo que se puede esperar de Europa y de sus Estados".
Aunque se haya de aceptar que el retomado control secesionista del Parlamento regional, que ha elegido al diputado de ERC Roger Torrent como nuevo presidente de la Cámara, sea el resultado lógico de la mayoría absoluta que estas formaciones obtuvieron en las elecciones a las que se redujo la tan tardía como ridícula aplicación del artículo 155 de la Constitución, no menos crítica merece la decisión de los ocho diputados de Catalunya en Comú de votar en blanco, favoreciendo más si cabe la investidura del separatista.
Aunque sólo desde un inexplicable autoengaño cabe situar a Podemos en el llamado "bloque constitucionalista", cualquier ocasión es buena para subrayar y denunciar la complicidad con los separatistas de esta formación que, desde su fundación, se ha mostrado abiertamente partidaria de dinamitar la Nación como sujeto político y titular de la soberanía en beneficio de las regiones, que ellos califican de "naciones", que la conforman. Visto lo visto, poco parece importar a los neocomunistas la fuga de votantes que esta complicidad les está ocasionando en Cataluña y, más aún, en el resto de España.
Finalmente, cabe señalar la lamentable actuación del PSC, que se ha mostrado favorable a la decisión de aceptar la delegación de voto de los diputados en prisión, así como la actitud de no pocos representantes del PP, que han alabado el "tono conciliador" del nuevo presidente separatista del Parlamento catalán tanto como criticado la "mezquindad" de Ciudadanos por no ayudarles a tener grupo parlamentario. Aunque es verdad que, tras la incendiaria intervención de Maragall, el discurso de Torrent haya resultado mucho más moderado, y aunque la negativa de Ciudadanos a que el PP tenga grupo propio haya contrastado, ciertamente, con el respaldo de los populares a la candidatura del centrista José María Espejo-Saavedra para presidir la Cámara, el partido de Rajoy debe saber que su residual presencia en el Parlamento regional sólo lo es fruto de su desidia a la hora de luchar contra el nacionalismo; un nacionalismo que "medirá mejor sus fuerzas respecto al Estado", tal y como ha adelantado Maragall, y que a veces va dotarse de un ropaje más moderado, tal y como ha hecho este miércoles Torrent, pero que no va a cejar en su pretensión de dinamitar la Nación y el Estado de derecho.